La Generalitat sanciona a Renfe con 900.000 euros por vulnerar los derechos de los consumidores durante una avería
La Generalitat ha impuesto una sanción de 900.000 euros a Renfe por vulnerar los derechos de los consumidores durante la avería de la línea R2sud en Gavà (Barcelona) del mayo pasado. La decisión, que fue aprobada el martes en la reunión del consejo ejecutivo, aumenta en 200.000 euros el expediente que la Agència Catalana de Consum abrió en noviembre tras una serie de inspecciones.
Según dicho expediente, Renfe llevó a cabo “prácticas comerciales desleales por acción u omisión” al informar mal a los consumidores a la hora de decidir si compraban billetes para esa linea. La Agència considera esta infracción como “muy grave”, teniendo en cuenta la “desconfianza” que genera sobre el servicio y el “predominio” de Renfe en el mercado.
La Generalitat desplegó un equipo de inspectores el 8 de mayo de 2023 en las estaciones Barcelona-Sants, Passeig de Gràcia, Camp de Tarragona, Reus y l'Aldea-Amposta-Tortosa, para comprobar si la operadora cumplía con sus obligaciones hacia los consumidores y actuaba para reducir las incidencias en el servicio.
Durante la inspección, se detectaron alteraciones de los horarios y de los transportes alternativos, puntos de atención a los clientes cerrados y trenes anunciados como directos que se pararon en todas las estaciones.
Por ello, Consum considera demostrado que existían “deficiencias” en la información que ofrecía la compañía ferroviaria en relación al servicio del R2sud, que en aquellos momentos estaba afectada por la avería derivada del incendio en un cuadro de señales en Gavá.
La avería se produjo el 1 de mayo y hubo polémica sobre su origen, atribuido inicialmente de forma errónea a un rayo. Posteriormente, se concluyó que había habido una rotura de un hilo de la catenaria que, por la vandalización del sistema de tierra que debía proteger las instalaciones, no pudo ser detectado automáticamente.
A raíz de la avería, la circulación del R2sud quedó gravemente afectada, y durante unas tres semanas los trenes circularon con problemas. De forma progresiva, se fue retomando el servicio, con entre cuatro trenes por hora y sentido hasta que el 20 de mayo se normalizaron.
Este jueves, Renfe aseguraba que todavía no se le había notificado la sanción. Cuando en noviembre pasado la Agència Catalana de Consum propuso castigar a la operadora con 700.000 euros, Renfe alegó que las modificaciones del servicio a raíz de la avería se consensuaron con la Generalitat, como titular del servicio. La operadora también explicó que hizo un esfuerzo por garantizar la movilidad y por mantener informados a los clientes a través de todos sus canales de comunicación y atención al cliente a pesar de la complejidad de la situación.
Asimismo, Renfe destacó entonces que la incidencia se produjo de forma “totalmente sobrevenida”.