El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado enviar a prisión provisional a Daniel Baíllo, segundo detenido por el hackeo al sistema del Consejo General del Poder Judicial que perpetró José Luis Huertas, alias 'Alcasec', y en el que sustrajo 1,5 millones de datos de más de medio millón de contribuyentes , conforme él mismo confesó. Según informaron en fuentes conocedoras del caso, el detenido, de 29 años, fue arrestado el martes en Cartagena (Murcia) y ha pasado este jueves a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que le ha tomado declaración y ha resuelto enviarle a prisión por un presunto delito continuado de revelación de secretos. Se trata de uno de los supuestos colaboradores de Alcasec, que puso a la venta una base con los datos utilizando un servidor en Lituania, según informaron en fuentes jurídicas a ABC. Se escondía bajo el nickname de 'TheSkull' y estaba en el foco de los investigadores, como adelantó este diario, por ofrecer la base de datos del joven hacker en espacios de la 'deep web', incluidos foros de origen ruso donde abunda la compraventa de información de terceros. Noticia Relacionada estandar No La Audiencia Nacional deja en libertad a Alcasec, el hacker que atacó el CGPJ Adriana Cabezas El juez tiene en cuenta su colaboración con la justicia, su edad y que ha devuelto el dinero obtenido de la venta ilícita de datos Cuando Alcasec fue detenido, los investigadores habían aislado ya dos transacciones por importes de 0,36437008 Bitcoins y 0,65265956 ETH, (unos 10.000 euros al cambio) que un individuo tras el alias de 'Lonastrum' habría pagado a uSms, la plataforma administrada y gestionada por el hacker para poner a la venta los datos exfiltrados del Punto Neutro Judicial (PNJ), aunque la cuantía abonada se estimaba en más de medio millón de dólares. La investigación sobre este y otros posibles compradores sigue en marcha. Revelación de secretos Baíllo está investigado por los mismos delitos de revelación de secretos que se imputan a Alcasec, que tras ingresar en prisión provisional a su detención el pasado mes de abril, fue puesto en libertad el 23 de mayo, cuando el juez tuvo en consideración que se habían diluido el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y que además de ser muy joven -tiene 19 años-, está colaborando con la investigación. En su caso, la Fiscalía informó a favor de enviarle a prisión, como ha decidido el juez, porque aprecia que concurren riesgo de fuga, de que destruya fuentes de prueba o incurra en reiteración delictiva. La detención se produjo el pasado martes en Cartagena fruto de una investigación de la Comisaría General de Información, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional (CNI). Según explicó la Policía Nacional en un comunicado, el hacker «fue escalando privilegios para acceder a bases de datos confidenciales y restringidas de diferentes instituciones públicas», hasta acabar atacando el Consejo General del Poder Judicial-CGPJ. Le señalan, además, por un delito de blanqueo de capitales. Operación 'Pousada' La investigación comenzó el pasado noviembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de varios ciberataques a los sistemas informáticos de distintas instituciones públicas como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El primer perfil identificado fue el de Alcasec, que había creado una base a la que llamó «Ojo de Horus» fruto de esta y otras incursiones para exfiltrar información de servidores ajenos y se jactaba en una entrevista en internet de tener datos del 90 por ciento de los españoles. Las pesquisas llevaron a este segundo colaborador, que «se habría ocupado de la obtención ilícita de distintas credenciales de usuario para realizar los ciberataques». «Existía una connivencia entre ambos para determinar sus objetivos entre administraciones públicas y empresas españolas», dicen los investigadores. Contaba con diversos antecedentes policiales vinculados a la ciberdelincuencia y era experto en anonimización, medidas de seguridad operacionales, encriptación de comunicaciones y multidentidad. Además participaba «en foros de cibercrimen muy selectos y cerrados», dice la Policía, donde tenía una alta reputación, lo que «dificultaba la atribución de los ataques y multiplicaba el riesgo en la exposición de los datos vulnerados, representando un grave riesgo para la Seguridad Nacional».
