La juez hace responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla porque «pudo evitar» el brote de listeriosis

El Ayuntamiento de Sevilla llevó a cabo una «actuación deficitaria y anormal» en el servicio público de control y vigilancia de Magrudis S.L., la industria que producía y distribuía la carne mechada contaminada que causó el peor brote de listeriosis de España en el verano de 2019. Así lo cree la juez que ha instruido la causa contra cuatro responsables de la empresa familiar Magrudis y la veterinaria municipal encargada de inspeccionar la fábrica. A todos ellos los ha procesado, tras finalizar la fase de investigación, por supuestos delitos contra la salud pública, homicidio imprudente, lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto, lesiones y falsedad. Archiva la causa contra otras cuatro personas investigadas. En un auto dictado ayer por el que acuerda continuar las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado contra los investigados, la magistrada declara como responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla, que entonces estaba gobernado por el socialista Juan Espadas, así como a la compañía de seguros Axa S.A., que tenía contratada la empresa donde se originó el brote. Si el tribunal que juzgue la causa avala las tesis de la juez y la Fiscalía –para ello es necesario aún que se dicte la apertura de juicio oral–, el Consistorio tendría que responder con sus arcas ante la cascada de indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados por la crisis sanitaria. La carne mechada de la marca 'La Mechá', que concentraba hasta 149.900 veces más listeria del límite de contaminación tolerable, mató a cuatro personas que la habían consumido, provocó seis abortos e intoxicó a unas 244 personas, casi todas en Andalucía. Además, ocasionó un gasto de 800.000 euros a los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena, que se vieron desbordados.La veterinaria María José O. B., como inspectora, «no recoge muestras de productos, ni comprueba las superficies, ni verifica muestras del ambiente interior» en la segunda inspección de Magrudis La magistrada considera que la Administración local no fue diligente en su competencia de vigilancia e inspección de la empresa cárnica, lo que «pudo haber evitado lo ocurrido». Más bien al contrario. La veterinaria María José O. B., como inspectora, «no recoge muestras de productos, ni comprueba las superficies, ni verifica muestras del ambiente interior» en la segunda inspección de Magrudis, ubicada en en el polígono El Pino de Sevilla, realizada el 18 de julio de 2017. «No comprueba de forma exacta si la instalación reúne las condiciones, a pesar de estar obligada a evaluar todos los apartados del sistema de puntuación, valorando el riesgo potencial, el nivel de cumplimiento, la confianza en la gestión, el sistema de autocontrol e historial de la empresa», prosigue la magistrada, que ha investigado el brote durante dos años y nueve meses. Esta actuación implica que «no vuelva a realizar ninguna otra inspección, conllevando su posible responsabilidad criminal por los hechos investigados», puntualiza. El Ayuntamiento clasificó la industria con la categoría C, lo que le obligaba a revisarla a los 18 meses. Sin embargo, «ya no se hicieron más inspecciones ni supervisiones, lo cual pudo haber evitado lo ocurrido». No fue el único error que cometió el Consistorio. Respecto a la declaración de responsable de calificación ambiental y actividad, presentada por Magrudis en el Ayuntamiento en diciembre de 2018, se incoa el expediente pero «no se tramitó ni se llevó a cabo ninguna revisión técnica». En el acta levantada después de declararse la alerta sanitaria, la Gerencia de Urbanismo asegura que no consta que la reforma de las naves donde fabricaba la carne se le comunicara. «Mala praxis» de Magrudis En la causa hay siete investigados: José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de la empresa Magrudis S.L.; su mujer, Encarnación Rodríguez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José y Mario Marín Rodríguez, administradores únicos de la citada mercantil, y de Elaborados Cárnicos Mario S.L., respectivamente. Además de la veterinaria municipal, están investigados Sergio L.G., arquitecto técnico, y David M.M., asesor financiero de Magrudis. Al primero se le imputa un delito de falsedad en documento oficial, mientras que el segundo encubrió supuestamente la instalación 'pirata' que surtía de electricidad a la fábrica. En septiembre de 2019, la Guardia Civil llevó a cabo la operación denominada 'Monocy' en la que se investigaban actividades ilícitas mediante las que se «pondría en la cadena comercial de alimentos para personas carne procesada con presencia de listeria monocytogenes en concentraciones que la harían inadecuada para consumo humano» debido «a una mala praxis en la manipulación y transformación de los productos cárnicos».