Vox, Cs y PP llevan la ley de lenguas oficiales al Consejo de Garantías y entorpecen su aprobación urgente

Los grupos parlamentarios de Vox, Cs y el PP en el Parlamento de Cataluña llevarán al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) la proposición de ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, presentada por el PSC, ERC, Junts los comunes, y cuya aprobación estaba prevista para este viernes, por vía de urgencia y lectura única. Aunque el dictamen del CGE no es vinculante sí entorpece la tramitación de la aprobación de la nueva norma. Los tres partidos constitucionalistas, que junto a la CUP, por motivos distintos, se oponen a la aprobación de una nueva ley que regula el uso y el aprendizaje del catalán (lengua vehicular) y el español (lengua curricular, con el catalán) en las escuelas y los institutos de la comunidad, presentarán en las próximas horas, según han confirmado los tres grupos, un mismo texto ante el órgano consultivo. Según fuentes populares consultadas por ABC, Vox, Cs y el PP llevan estudiando, desde ayer, dar este paso que, entre otros requisitos, obliga a que sean dos grupos o una décima parte de los diputados del Parlamento catalán (135), como mínimo, los que suscriban la impugnación. Ignacio Garriga, presidente de Vox en Cataluña, ha justificado este movimiento en base a que «estamos ante un momento urgente». Y en Cs confían que el CGE no responda de un día para otro sino que, por lo menos, evalúe la propuesta durante una semana. El PSC, ERC, Junts y los comunes han presentado esta nueva norma legislativa, registrada ayer mismo en el Parlamento autonómico tras más de dos meses de negociaciones y cuya tramitación urgente permitía su aprobación el viernes, como una respuesta a la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a modificar todo el sistema educativo para que se imparta un 25% de las clases en español, porcentaje mínimo para ambas lenguas oficiales y consideradas vehiculares por todos los tribunales. El plazo para la ejecución forzosa de la sentencia de 2020, ratificada por el Tribunal Supremo en 2021, finaliza el 31 de mayo. Así, los grupos nacionalistas confían que la ley, así como un decreto-ley del Govern cuya aprobación está previsto para los próximos días, sea suficiente para evitar o burlar la orden del TSJC. Una estrategia que se vería alterada con el movimiento de los tres grupos constitucionalistas, ya que la presentación de solicitud de un dictamen al CGE paraliza la posible aprobación hasta que el órgano consultivo dé respuesta.