Empleados de la Seguridad Social se movilizan contra los retrasos de cuatro meses en el pago de prestaciones
Se avecinan movilizaciones de empleados de la Seguridad Social para denunciar el retraso en la gestión de las prestaciones como consecuencia de la falta de personal en plena crisis económica provocada por la guerra de Ucrania. Alertan de que el cobro de ayudas se está retrasando una media de cuatro meses desde que se realiza la solicitud.
En los últimos meses, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración General del Estado, denuncia que las listas de espera para ser atendido se sitúan en los tres meses.
Por su parte, sostienen que la plantilla de la Seguridad Social tiene un déficit de 7.468 puestos de trabajo (hay 24.298 personas pese a que las plazas reconocidas en la RTP son 31.766).
Además, destacan que en el plazo de 5 años se jubilará el 28,5% de la plantilla actual, mientras que en diez lo hará un 36,08% adicional; es decir, casi dos tercios de la plantilla actual, por lo que el organismo colapsará.
Por eso, reclaman que es necesario un plan de choque con la contratación urgente de personal interino, dado que las ofertas de empleo público tardan una media de 2 años en resolverse.
Comprometido el ‘Escudo Social’
Ante esta situación, CSIF ha advertido de que, el denominado ‘Escudo Social’ del Gobierno, se ve seriamente comprometido en uno de los peores momentos económicos de los últimos años, ante la escalada de los precios, la crisis energética y la desaceleración.
Desde CSIF han manifestado la preocupación por la crisis energética, la escalada de los precios, la situación económica española y el empobrecimiento de las personas trabajadoras.
Por ello, consideran que se debe planificar una respuesta para proteger a las administraciones públicas y que ciudadanos y empleados públicos no salgan perjudicados de esta situación ante eventuales recortes.
Reunión urgente con el Gobierno
Los trabajadores han exigido una reunión urgente con el Gobierno para abordar la repercusión de la crisis en las administraciones públicas.
Mientras tanto, CSIF ha iniciado una ronda de contactos con formaciones políticas para promover un acuerdo que blinde a administraciones y servicios públicos ante las medidas económicas que previsiblemente se van a adoptar.
En su momento, ya destacó que los fondos europeos para la reconstrucción deben servir para apuntalar los cimientos de las administraciones, garantizar la calidad de los servicios públicos y paliar las necesidades estructurales de las administraciones públicas.
En todo caso, advierten de que es urgente realizar un plan de recursos humanos para reforzar ámbitos clave del Estado del Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia), así como áreas sensibles como el SEPE, la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social, Fomento, Comunicaciones, Investigación, entre otros).