Pedro Sánchez plantea a Feijóo renovar el Poder Judicial y el Constitucional para el 12 de junio

12 de junio. Es la fecha límite que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la primera reunión entre ambos, que se celebra este jueves en el Palacio de la Moncloa. El dirigente gallego llegó al complejo presidencial a las 11 de la mañana y, al filo de las dos de la tarde, continúa el encuentro. Sánchez ha puesto sobre la mesa el desbloqueo del Poder Judicial, en funciones desde hace más de tres años, y el respaldo del PP al real decreto ley de medidas anticrisis, que Feijóo no apoyará si el Ejecutivo no accede a una rebaja fiscal que no ha delimitado del todo pero que podría sumar hasta 7.500 millones solo en el IRPF.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial es uno de los temas que han marcado la agenda de la reunión. De hecho, el Gobierno ha ofrecido hasta 11 acuerdos en otras tantas materias al líder de la oposición. El primero es el desbloqueo del órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde 2019. La idea del Gobierno es hacer coincidir la renovación del CGPJ con la del Tribunal Constitucional, por lo que la fecha límite sería el 12 de junio, cuando caduca el mandato de cuatro de los 12 magistrados del Alto Tribunal: los designados por el Ejecutivo y los correspondientes precisamente al CGPJ.

Sin unos es difícil que se pueda designar a los otros, por lo que el bloqueo que impuso el PP de Casado al CGPJ podría provocar de rebote el del Tribunal Constitucional.

Con todo, Feijóo no se ha mostrado en los días previos muy predispuesto a renovar el CGPJ. En su opinión, no está entre las prioridades de la ciudadanía. Lo que sí está es la crisis económica y el aumento de los precios, que el líder del PP plantea contrarrestar con una bajada directa del IPRF que, aunque no ha querido cifrar, podría rondar los 7.500 millones.

La renovación del Poder Judicial es uno de los 11 pactos propuestos por Sánchez a Feijóo, que el Gobierno ha divididos en cuatro bloques: cumplimiento y actualización de la Constitución y regeneración democrática; unidad en la respuesta a las consecuencias económicas de la guerra y compromiso en la mitigación del cambio climático; pacto de Estado contra la violencia de género y lealtad en las políticas de Estado.

"En este tiempo, desde el principal partido de la oposición se ha puesto en cuestión en numerosas ocasiones la legitimidad del Gobierno de coalición y del propio presidente. Esta situación, inédita en la democracia española, ha dado lugar a negar al Gobierno su legitimidad constitucional para desarrollar su labor", ha escrito Moncloa en un comunicado en el que detallan los 11 puntos.

El primero de los pactos que propone el Gobierno es para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que cumple tres años desde que caducó su mandato, una situación que desde el propio poder judicial califican de "insostenible". Tras esta, el siguiente paso es la renovación también del Tribunal Constitucional, que este próximo mes de junio le corresponde la renovación de sus miembros designados por el Gobierno y el CGPJ.

También en materia judicial, el Ejecutivo de Sánchez va a proponer a Feijóo reformar el artículo 49 de la Constitución. En mayo del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de renovación que, entre otras cosas, cambia el término 'disminuido' por 'persona con discapacidad' o contempla las distintas dimensiones de la protección de estas personas.

Otro de los acuerdos es la eliminación del voto rogado para que voten en las elecciones las personas que residen en el extranjero, o el regreso del PP al Pacto Antitransfuguismo y por la Estabilidad Institucional. 

Por otro lado, el Gobierno ha propuesto a Feijóo aprobar el Plan nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la guerra de Ucrania y en materia energética, el Ejecutivo propone un acuerdo para la transición energética, la Agenda 2030 y garantizar unos precios de la energía asequibles y estables en el contexto de la guerra. 

También en la crisis, el Ejecutivo pide a Feijóo apoyo y coordinación en torno a los Fondos Europeos y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por otro lado, ha pedido blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se firmó en diciembre de 2017 por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, las comunidades y las entidades locales representadas en la FEMP.

Asimismo, han pedido un pacto en política exterior porque, argumentan, el país aspira "a consolidar y ampliar su posicionamiento en la escena internacional, europea" y la relación con los países con los que comparten vecindad basándose en "los principios fundamentales de la política exterior de nuestro país como son el multilateralismo y el respeto a la legalidad internacional".

Por último, piden consenso con el principal partido de la oposición en los asuntos relacionados con la Seguridad Nacional o en materia de ciberseguridad.