Asaja insta a los ecologistas y la ministra Ribera a que se lleven el lobo a casa «como animal de compañía»

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha llamado este jueves a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a hacer «lo posible», tanto desde un punto de vista político como judicial, para recurrir el acuerdo alcanzado entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades para dar mayor protección al lobo, lo que supondrá la prohibición de la caza de esta especie al norte del Duero. Además, se ha dirigido tanto a la ministra, Teresa Ribera, como a los grupos ecologistas para que, si lo que quieren es proteger esta especie, se la lleven «a su casa como animal de compañía». De la misma manera, Dujo se ha dirigido a los responsables del PSOE de Castilla y León para recriminarles que los socialistas en el Gobierno esté tratando «tan mal», tanto en este como en otros asuntos, al sector agrícola y ganadero de Castilla y León. En alusión a la defensa que ha hecho tanto la ministra del ramo como los grupos ecologistas, Dujo ha sido tajante. «Si tanto les gusta el lobo, en Castilla y León nos sobran» y, de hecho, «están matando a nuestra cabaña ganadera», ha puntualizado. Por eso, en declaraciones recogidas por Ical les llamado a que «les lleven a su casa y les tengan como animal de compañía si les quieren proteger» porque «no hay mejor medida que tenerlos en su propia casa con ellos mismos», ha ratificado Dujo. De esta manera, el presidente de Asaja trasladado su rechazo «con rotundidad» al acuerdo alcanzado este jueves. 2.000 ataques En este sentido, ha recordado que Castilla y León padece más de 2.000 ataques de lobo todos los años, lo que deja más de 4.000 animales muertos «por este asesino». «Cuánto sufrimiento, cuánto dolor y cuántas pérdidas económicas», ha lamentado Dujo, quien criticado que «la mayor explotación de Castilla y León la mata el lobo todos los años», a pesar de lo que se acuerda que no sea especie cinegética al norte del Duero con el voto favorable del Gobierno y de comunidades que «no tienen el problema» en contra de aquellas que sí lo tienen y que se ven obligadas a indemnizar «aunque sea poco» a sus ganaderos.