Sánchez se queda sin apoyo sindical: movilizaciones en febrero con la política económica
Tambores de guerra desde los cuarteles generales de UGT y CC.OO. Después de que el sindicato que dirige Unai Sordo advirtiera al Gobierno de que las reformas prometidas a Bruselas no deben asfixiar el diálogo social, CC.OO. y UGT han acordado convocar movilizaciones para el mes de febrero, según han informado ambos sindicatos tras la reunión de sus órganos directivos. El objetivo de estas acciones es exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez la puesta en marcha de la agenda de reformas sociales comprometidas con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Los sindicatos se reunirán el próximo 19 de enero para concretar en qué consistirán estas acciones y el calendario de movilizaciones. Consideran que, una vez iniciada la campaña de vacunación de la Covid, urge «situar en primer lugar de las políticas a las personas en el proceso de reconstrucción del país». Reclaman un aumento del Salario Mínimo Interprofesional y derogar la reformas laboral y la de pensiones. Otras reivindicaciones sindicales son la ampliación de los ERTE, la firma de un nuevo acuerdo de convenios con la patronal, la regulación de las plataformas digitales, la Ley de Igualdad Salarial y un plan de choque contra la siniestralidad.
Como adelantó ABC, el salario mínimo ha sido la gota ha colmado el vaso de los sindicatos. Es ya imposible que sus exigencias de subida puedan tener réplica en las decisiones del Gobierno, que se verá obligado, además, a tomar decisiones drásticas, de recortes, contrarias a los intereses de UGT y CC.OO. en otras tantas materias, por ejemplo, en el mercado laboral y en pensiones. Ni habrá contrarreforma laboral, ni se tomarán medidas amables sobre el sistema de pensiones, ahogado en números rojos y endeudado al máximo. Bruselas se impone y exige más flexibilidad laboral y medidas de ajuste en el gasto para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
Las reformas enfrentarán, sin duda, al mundo sindical con el Gobierno y el endurecimiento de la crisis hará que las exigencias sindicales sean mayores en un año en el que el Ejecutivo irá recortando poco a poco las ayudas desplegadas en la pandemia, como los ERTE. Que muchos de ellos acaben en ERE es cuestión de tiempo si la red de seguridad del empleo no se mantiene. El conflicto está servido y en esta contienda Podemos está claramente del lado sindical.
Los sindicatos van a ser inflexibles y ya reclaman al Gobierno que cumpla el acuerdo entre el PSOE y Podemos para derogar «los aspectos más lesivos» de la norma laboral del PP, lo que implicaría, en la práctica, atacar su esencia. No es una opción, es una obligación, ha llegado a decir el líder de UGT, Pepe Álvarez, que no ha parado de reprochar al presidente su gestión de la crisis. Sus dardos han ido en todas las direcciones. Sobre la reforma laboral llegó a decir que «el Gobierno no es tan de izquierdas y le falta voluntad política contra la reforma laboral». También se desmarcó de las críticas de Iglesias al empresario Amancio Ortega y, recientemente, afirmó que «la Administración no ha tenido capacidad de gestión en la crisis».
Álvarez no ha escondido su disgusto con el Ejecutivo; se sintió traicionado en la conformación del Gobierno, en el que esperaba alguna representación de su sindicato. Una aspiración colmada para el líder de CC.OO., Unai Sordo, ideólogo de las medidas laborales de Yolanda Díaz, sobre la que tiene más que influencia en la toma de decisiones. El sindicato comunista está plenamente representado en tres ministerios y una vicepresidencia. Pero ahora se revuelve contra Sánchez. «Si el Gobierno no mueve piezas con la reforma laboral va a tener un conflicto con los sindicatos, esto es más que evidente», ha avisado.
Los focos de conflicto que históricamente han enfrentado a los gobiernos con el mundo sindical resurgen, y con un gobierno de izquierdas. Reforma laboral y de pensiones han sido el detotante del rosario de huelgas generales en España, que comenzaron en 1985, cuando CC.OO. convocó un paro contra el Ejecutivo de Felipe González por la reforma que elevó de dos a ocho años el periodo de cálculo de las pensiones. Ahora es Sánchez el que ya no tiene asegurada la paz social.