La Comisión amenaza con una ofensiva legal contra el fraude

El mismo día que la UE presentaba su nueva estrategia para combatir la «escandalosa» evasión fiscal en la UE, el Tribunal de Luxemburgo le había propinado un sonoro revés al ejecutivo comunitario cuando intentaba precisamente limitar la liberalidad de algunos países en materia de impuestos a las multinacionales. El que no se consuela es porque no quiere y la propia Comisión señaló que la sentencia que le quita la razón en el caso Apple y las ventajas que le otorga es un hecho que «hace más urgente y claras» las reformas legales en la UE que solo por las diferencias en el impuesto de sociedades supone que en conjunto los países pierdan unos 35.000 millones de ingresos al año. Tanto el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, como el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, han preferido no entrar en los detalles de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que se había publicado justo antes de su comparecencia y no han aclarado si van a recurrirla a la única instancia que aún queda, dado que el servicio jurídico tardará en analizar sus detalles. Pero no se han privado de denunciar que una situación que permite a una multinacional como Apple pagar en impuestos menos del 1% de sus beneficios «no puede considerarse como justa». El origen de este problema es la ausencia de una base común armonizada del impuesto de sociedades, para que los países no puedan hacerse la competencia entre si atrayendo grandes empresas a su territorio, de manera que se parapeten allí para eludir sus obligaciones fiscales en los demás países. «Preferimos un acuerdo global, pero si hay más retrasos estamos preparados para avanzar a nivel europeo. Volveremos a esta cuestión en otoño», dijo Dombrovskis, que ha recordado que la Comisión intentará sortear legalmente la obligación de que la política fiscal deba ser adoptada siempre por unanimidad, lo que en los hechos supone que cada país tiene derecho de veto sobre todos los demás. Según Dombrovskis «la Comisión está preparada para presentar propuestas y corregir algunas estructuras fiscales que están creando distorsiones en el mercado único», pensando en invocar el artículo 116 del Tratado para que las normativas sobre fiscalidad puedan ser aprobadas por mayoría cualificada de los países y no por unanimidad, evitando así los bloqueos. Ese artículo recuerda que «En caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados. Si tales consultas no permitieren llegar a un acuerdo para suprimir dicha distorsión, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las directivas necesarias a este fin. Podrán adoptarse cualesquiera otras medidas apropiadas previstas en los Tratados». No está claro si esta mención al artículo 116 es una amenaza para obligar a los países reticentes (Irlanda, Chipre y Holanda sobre todo) a que cedan, o si van a armarse de valor y van a atacar de esta manera al Consejo. Gentiloni ha reconocido que se trata de un mecanismo complicado que requerirá de mucha solidez para llevarlo a cabo. «Es un artículo muy especial -dijo el italiano- y es necesario tener un caso muy claro de distorsión en el mercado interior para poer usarlo». El impacto del caso Apple en la conferencia de prensa ha sido tal que ha llegado a borrar prácticamente el interés por las propuestas para actuar contra la evasión y la elusión fiscal en la UE. Según los cálculos de la Comisión, los países europeos pierden al año no solo 35.000 millones en impuesto de sociedades, sino que se le escapan también unos 50.000 por triquiñuelas en la aplicación transfronteriza del IVA y otros 46.000 millones se pierden por el IRPF desviado fuera de la UE. Las medidas en si no son nada revolucionario, salvo la voluntad de ayudar a que los países diseñen un sistema impositivo simplificado para permitir que las autoridades fiscales puedan detectar mejor los fraudes y una mejora de la lista de paraisos fiscales,