Batet ahoga la participación política al no buscar vías para controlar al Gobierno

Comparecencias públicas, consejos de ministros e incluso cumbres europeas. Al igual que el resto de la sociedad, el Poder Ejecutivo ha buscado fórmulas para seguir ejerciendo sus funciones, con más o menos transparencia, pero al nivel más elevado posible. Labores, además, que se han visto multiplicadas tras la declaración del estado de alarma y la configuración del mando único.

El Poder Legislativo, sin embargo, se ha quedado atrás. A pesar de tener la función de controlar a un Ejecutivo que tiene ahora poderes excepcionales y tener la misión de vehiculizar las propuestas de la oposición, la Cámara Baja ha quedado en suspenso entrando en una especie de obsolescencia programada cuya consecuencia más evidente es que el Gobierno se está viendo protegido.

No hay sesiones de control al presidente ni a los ministros, ni interpelaciones, debates parlamentarios, o comparecencias del Ejecutivo salvo que éste quiera prorrogar el estado de alarma u ofrecer explicaciones por voluntad propia. Por perder, el Gobierno ha perdido incluso la obligación de contestar a las preguntas escritas de la oposición o entregar documentación en los plazos reglamentariamente establecidos. La oposición está maniatada mientras el Ejecutivo se encuentra libre de ataduras.

Dieciocho días después de la declaración del estado de alarma y cuando el Gobierno considera muy probable una nueva prórroga de las restricciones de movilidad tras el 11 de abril, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, envió ayer por la tarde un comunicado institucional en el que cierra la puerta a la búsqueda de medidas que permitan a la Cámara desarrollar sus funciones adaptándose a la situación actual. Esta petición la habían solicitado por distintas vías el PP, Vox, Cs e incluso Bildu.

Sin embargo, la política socialista se consideró ayer satisfecha con las condiciones existentes y, a pesar de todas las restricciones anteriormente descritas, aseguró que los diputados «siguen manteniendo sus responsabilidades y posibilidades de iniciativa».

Tiempo mínimo semanal

Esta negativa a buscar medidas que alivien el estrangulamiento de la actividad de la oposición supone, a juicio de los catedráticos en Derecho Constitucional consultados por este periódico, «una limitación inaceptable del artículo 23 de la Constitución» que establece la participación política como un derecho fundamental.

Advierten, además, de que la ausencia de control al Gobierno por parte del Congreso supone una «deslegitimación» de la actuación del primero, toda vez que nace precisamente porque la Cámara Baja le dio su confianza y debe mantenerla durante el ejercicio de su función.

En este sentido, avisan de que el «el principio de responsabilidad del Ejecutivo está directamente relacionado con los instrumentos de control del Congreso y que éstos son una pieza fundamental para el correcto funcionamiento del Estado de derecho».

Siguiendo este hilo, recuerdan que la función de control es tan importante para el

que la Constitución ordena en su artículo 111 el establecimiento de un «tiempo mínimo semanal» para las preguntas e interpelaciones de la oposición.

A todo ello se une que la Carta Magna en su artículo 116 establece también que el funcionamiento del Congreso, «no podrá interrumpirse» durante la vigencia del estado de alarma.

La fórmula más solicitada por la oposición para recuperar su función de control en lo posible es la celebración de sesiones vía telemática. Sin embargo, desde la Presidencia del Congreso, se ha rechazado una y otra vez esta opción con el respaldo de la Secretaría General, bajo el argumento principal de que el propio Reglamento de la Cámara impide que las sesiones se realicen por vía telématica.

Y en efecto el artículo 70 del Reglamento establece en un punto segundo que «los discursos se pronunciarán personalmente y de viva voz» desde «la tribuna o el escaño», ya que nunca antes nuestro país se había enfrentado a una situación de confinamiento total.

Materia para ir al TC

Pero frente a ello, los constitucionalistas consultados coinciden en que el Reglamento del Congreso no puede limitar en ningún caso el ejercicio de un derecho fundamental como la participación política ni anteponerse a una atribución competencial directamente derivada de la Constitución.

Recuerdan, además, que el mismo Reglamento del Congreso en su artículo 32 incluye entre las funciones de la Presidencia «cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión». Y para cumplir esta última misión, la de suplir los posibles vacíos reglamentarios como el existente ante una inédita situación de confinamiento total, basta con que la Presidencia dicte una resolución de carácter general.

La única exigencia es que medie «el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces». Es decir, que ni siquiera sería necesario plantear una reforma del Reglamento. Por todo ello, si Batet mantuviera su rechazo a facilitar la participación política y la función de control, estos expertos ven materia suficiente para la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Batet miente, según PP y Vox

Para más inri, la estricta interpretación normativa que hace ahora la presidenta de la Cámara choca, además, con la flexible interpretación del mismo que la propia Batet defendió ante los polémicos juramentos de la Constitución realizados por los diputados independentistas tanto en mayo como en diciembre del año pasado.

«Si la presidencia actúa con flexibilidad cuando de cumplir con un requisito previo para la adquisición de la condición de diputado se refiere, con razón de más debería actuar de ese modo en una situación excepcionalísima», ha denunciado el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal.

Y es que tras el mensaje enviado ayer por la presidenta del Congreso, la oposición no tardó en poner el grito en el cielo. La portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, consideró que Batet no solo miente porque los diputados no están pudiendo ejercer su labor de control sino que consideró su mensaje como una burla para los parlamentarios y los ciudadanos a los que representan.

«Se jacta de tener el Congreso abierto de que podemos hacer preguntas pero no las contestan, de que podemos presentar iniciativas pero no se debaten, ni siquiera se celebran las comparecencias a las que está obligado el presidente del Gobierno, es ofensivo», clamó.

En tono similar, la secretaria general de Vox, Macarena Olona, denunció el «secuestro del Congreso» y también acusó a Batet de mentir. «Los diputados no mantenemos nuestras posibilidades de actuación porque han suspendido toda la actividad. Salvo aquella que el Gobierno da el visto bueno. Es un golpe institucional», cargó. Ciudadanos, por su parte, advirtió de que seguirá reclamando fórmulas telemáticas.