Mossos y Guardia Civil registran la productora de cabecera de TV3 por el caso del 3 por ciento
Agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Civil participan a estas horas en los registros ordenados por la Audiencia Nacional y un juzgado de Lérida en las oficinas de Triacom, la productora de cabecera de TV3, y en Hispart, la empresa de Juan Manuel Parra, quien aseguró ante el juez José de la Mata que Germà Gordó, mano derecha de Artur Mas, le desvió hasta la empresa de comunicaciones para que le pagara los gastos de organización de unos eventos de Convergència.
La productora Triacom, propiedad de Oriol Carbó, exgerente de la televisión pública catalana, fue presuntamente utilizada por la formación nacionalista para asumir sus gastos electorales. Se trata de una nueva línea de investigación, muy prometedora, dentro del caso 3 por ciento, y en ella han convergido tanto las pesquisas de la Guardia Civil, que trabaja con la Audiencia Nacional, como las de los Mossos, que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de Lérida.
La hipótesis policial es que la productora de televisión pagaba las facturas falsas que le presentaban las empresas que habían hecho los trabajos a la formación nacionalista con el dinero que recibía de clientes suyos en pago por servicios ficticios o bien cobrados a un precio muy superior al de mercado.
Núcleo duro
Es especialmente llamativo que dos líneas de investigación de origen distinto hayan acabado convergiendo, por lo que no se puede descartar que ambas se acumulen en la Audiencia Nacional. Además, las fuentes consultadas por ABC destacan el trabajo de la Policía autonómica catalana en un caso que afecta al núcleo duro del nacionalismo.
En el caso de los registros ordenados por la Audiencia Nacional hay que destacar que son consecuencia de las declaraciones del empresario José Manuel Parra, que ante el juez José de la Mata llegó a aportar hasta una grabación comprometedora que afecta directamente a Germá Gordó, exgerente de Convergència, exconsejero de Justicia y mano derecha de Artur Mas.
Tal como adelantó ABC, es particularmente llamativo el caso de Telefónica, entonces presidida por César Alierta, que pagó 2,5 millones de euros a Triacom por patrocinar una serie que debía emitirse en TV3 y por dos vídeos de tres minutos, de los cuáles solo se encuentra en la web de esa compañía uno, para su página corporativa. Es más; preguntada la multinacional por la Agencia Tributaria en abril de 2014 acerca de esos trabajos, su respuesta fue que «no tenía constancia» de la serie ni de uno de los vídeos, y que en el momento en el que los localizaran lo comunicaría. Hasta la fecha no se ha producido esa comunicación.
Según las fuentes consultadas por ABC la serie se grabó, y de hecho puede verse en «youtube». Sin embargo, hay cosas que llaman la atención: por ejemplo, Telefónica pagó 1.100.000 euros porque se emitiera en la televisión pública catalana -eran 65 capítulos de cinco minutos de duración y debían programarse cinco veces cada uno-, y debía constar al principio, al final o al principio y al final que eran espacios patrocinados por la multinacional.
Pues bien, ni esa serie se emitió en TV3 ni en los capítulos visionados por ABC hay referencia alguna al patrocinador; es más, lo que figura es el Consejo Comarcal Barcelonés y de la Diputación de Barcelona. Ello sin entrar en la calidad de los espacios, que pueden calificarse de pedestres, y de la difusión de los vídeos, ridícula en términos de audiencia, lo que casa poco con la profesionalidad que se supone a empresas como la citada multinacional.
La tesis de la investigación, que se sostiene a partir del testimonio, entre otros, de Juan Manuel Parra, uno de los empresarios que trabajó para Convergència, y por el citado informe de la Agencia Tributaria, es que Germà Gordó, exgerente de Convergència, exconsejero de Justicia y mano derecha de Artur Mas, fue quien dio las instrucciones para montar esta operativa.
En su declaración ante la Audiencia Nacional, Parra explicó que organizó para esa formación actos de campaña en las autonómicas de 2010. Cuando fue a cobrar, Gordó le envió a Francesc Sánchez, por entonces abogado de CDC y uno de los hombres fuertes del partido, que solo le abonó una parte de la deuda. El empresario pidió explicaciones y el exconsejero de Justicia le dijo que fuese a ver a Oriol Carbó, principal responsable de Triacom, dándole garantías de que le pagaría el resto.
Parra así lo hizo y Carbó le explicó que le hiciese unas facturas falsas por el importe adeudado, que él se las abonaría. El empresario se mostró de acuerdo y en efecto recibió alguna cantidad, pero no toda. Muy molesto, volvió a ver a Gordó y esta vez grabó la conversación. El hombre de confianza de Mas le tranquilizó y le aseguró que Triacom le terminaría de pagar todo el importe. Así fue.
La forma de actuar no era nueva para la productora, ya que según advierte el informe en 2008 y 2009, los pagos no justificados tuvieron como destinataria a su esposa (la de Oriol Carbó) y a la sociedad de la esposa de Oriol Pujol Ferrusola.
Para el inspector de la Agencia Tributaria que hace el informe «es de especial trascendencia» la citada operación de Triacom con Telefónica de 2,5 millones, porque «las facturas en ocasiones fueron declaradas por su emisor» (la productora) pero su concepto e importe no corresponden a servicios reales y sirvieron para desviar dinero a otras personas desde esa sociedad.
«Cada vídeo es diferente»
Cuando la Agencia Tributaria preguntó a Oriol Carbó por el contrato de patrocinio con Telefónica de una serie y de elaboración de dos vídeos aseguró que Triacom hizo «todo el trabajo, de conceptuación pero no se llegaron a emitir por cambios» en esa compañía, aunque no sabe de qué tipo, y añadió que «todo el proyecto en sucio estaba hecho y que entregaron esas imágenes» al cliente. Ni siquiera recordaba quién era su interlocutor a pesar del montante de la operación, y respecto a otros vídeos similares contratados por Gas Natural a mucho menor precio simplemente explicó que «cada vídeo es diferente».
La contestación ya citada de Telefónica, en 2014, en el sentido de que no tenía ni siquiera constancia de haber realizado ningún tipo de operación con Triacom debió parecer insólita al inspector de Hacienda, que reiteró a la multinacional la petición de información, con los mismos resultados.
Las conclusiones de la Agencia Tributaria, a la luz de los datos que tenía en 2014, son demoledoras: de la serie (se pagó 1.100.000 por ella) no hay ni rastro, y de los dos vídeos solo se hizo uno, a pesar de haberse abonado por estos últimos 1.390.000 euros; el precio fijado fue desorbitado, pues el coste de la serie en relación con otras similares es tres veces mayor, y el de los vídeos se quintuplica; y más extraño aún es que se pague ese dinero sin que Triacom hiciese el trabajo y sin que respetase ni una sola de las cláusulas del contrato.
Por todo ello, Hacienda concluye que «los pagos del contrato obedecen a otras razones distintas a las expresadas en el mismo y en las facturas» y precisa que Triacom, en todo caso, recibió el dinero que luego «fue canalizado o desviado a otras sociedades y personas mediante recepción de facturas falsas».
Hacienda, por tanto, tiene claro que la productora recibió ese dinero, pero además ve que la distribución temporal de los cobros coincide con los pagos que se efectúan a determinadas empresas que emiten contra Triacom también por trabajos supuestamente no realizados. ¿Cuáles son esas sociedades? Mejor aún, ¿quiénes estaban detrás de las mismas. Empresarios como el ya mencionado Juan Manuel Parra, y se cree que también David Madí, que además era jefe de campaña de Convergencia. Al parecer, ambos habían hecho servicios para Convergencia que no cobraban en su totalidad del cliente (el partido político), sino de otras empresas a través de la productora Triacom que aceptaba las facturas falsas que emitían.
Camuflaje
Para camuflar las facturas falsas que abonaba, según la hipótesis de la investigación, la productora se aprovechaba de su principal cliente, TV3, al menos en el caso de José Manuel Parra y sus empresas Hispart, Estereo Rent y Audiovisuales Exit. Los programas «El Gran Dictat» y «Fish&Chips» eran producidos por Mediaproducción, de Jaume Roures, a su vez propietario del 10 por ciento de las acciones de Triacom. Esa empresa asumía todos los costes materiales y humanos de esos espacios.
Pues bien, Hispart, Estereo Rent y Audiovisulaes Exit facturaron a Triacom por servicios que debía asumir -y asumía- Mediaproducción, a unos precios además estratosféricos. Valga como ejemplo que se pagó por el alquiler de alguno de los equipos más de lo que hubiera costado comprarlos. Pero es que además si Mediapro no tenía alguno de esos equipos, lo lógico es que hubiese sido ésta la que subcontratara y no la productora de Oriol Carbó.
Por si fuera poco, José Manuel Parra admitió ante el juez De la Mata, que investiga el caso del 3 por ciento, que los albaranes que había aportado en su día a la Agencia Tributaria para justificar los supuestos trabajos a Triacom eran falsos, y presentó los verdaderos, que conservaba, y que recogían los servicios facturados a Convergencia por los eventos que organizó para la campaña electoral de las autonómicas de 2010 en Cataluña.
El informe de la Agencia Tributaria cierra el círculo con dos afirmaciones: los pagos de Telefónica coinciden con las facturas cobradas por el empresario y finalizan cuando la multinacional abona el último plazo de su contrato.
Las fuentes consultadas consideran que los registros de esta tarde pueden arrojar luz sobre alguno de los puntos que aún permanecen oscuros en todo este asunto.