La Seguridad Social prohíbe el derecho a traslado a sus 21.600 funcionarios

La resolución es tajante, no deja lugar a dudas. Se impedirá la movilidad de los trabajadores. Los empleados públicos que trabajan para la Administración de la Seguridad Social no podrán pedir traslado a otros órganos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o solicitar un traspaso a cualquier organismo público vinculado o dependiente de cualquiera de las Administraciones Públicas o universidades. Y si lo hacen, será automáticamente denegado. Así lo ha dispuesto el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en una resolución firmada el pasado 3 de enero a la que ha tenido acceso ABC. En el dictamen, el máximo responsable de la Seguridad Social y uno de los hombres fuertes de la ministra Magdalena Valerio, ordena a los directores provinciales del instituto de previsión y a la subsecretaría de Trabajo que denieguen cualquier informe de traslado, incluso en el caso de que «las personas que serían transferidas se comprometan a cubrir su plaza con otro u otra empleado/a público/a, que haya expresado su consentimiento en este sentido». ¿Qué razones llevan a Octavio Granado a negar la movilidad a los trabajadores? Sus motivos se basan en «la situación de absoluta insuficiencia de recursos humanos que padece la Administración de la Seguridad Social». Por ello ordena a los altos cargos del Gobierno que «los informes a emitir serán en todos los casos negativos». Y advierte: «Debe ponerse en conocimiento inmediato de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social cualquier traspaso que tenga lugar a pesar de estos informes negativos». Solo hace una excepción y es para los casos en los que el traslado de personal «tenga una evidente causa por motivos humanitarios». Sin embargo, en este supuesto tampoco está asegurado el cambio de destino del trabajador que lo solicite. Si se produjera, la alta dirección del Ministerio que dirige Magdalena Valerio deberá «poner en conocimiento de la Secretaría de Estado la situación a fin de que pueda valorarse un tratamiento excepcional, acompañado inevitablemente de la cobertura de la plaza vacante de forma adecuada». Granado justifica su decisión «ante la multiplicación de peticiones de informes solicitados» para que empleados públicos de la Seguridad Social sean nombrados en comisión de servicio, o mediante otras fórmulas de cobertura de puestos de trabajo que requieran de informe previo en otros órganos del Estado. CSIF, el sindicato de funcionarios, ha explicado a este periódico que no ha sido informado de la resolución y ha mostrado su malestar por la decisión unilateral de la Seguridad Social, teniendo en cuenta que solo un mes antes de que se dictara la resolución el sindicato mantuvo un encuentro con el máximo responsable de la Seguridad Social para abordar la reforma en marcha de esta Administración. CSIF avanzó que reclamará una reunión urgente con Octavio Granado para pedirle explicaciones. Fuentes sindicales mostraron su sorpresa porque únicamente se limite a «motivos humanitarios» un posible traslado de personal, parece que obviando con ello otros motivos de peso como, por ejemplo, de salud o de conciliación. Recordaron que este último caso ya se han producido varias sentencias de tribunales que obligan a facilitar los traslados cuando hay hijos con el argumento de que «hay que primar el interés del menor». Por todo ello advirtieron de que estarán muy vigilantes para que no se produzca ninguna irregularidad. Otras fuentes consultadas aventuran demandas ante los tribunales si Granado no suaviza o rectifica una resolución que limita la posibilidad de cualquier funcionario de completar su carrera profesional. La resolución, por ejemplo, impide que un funcionado destinado en Madrid pueda ser «fichado» por la comunidad andaluza ahora que gobierna el Partido Popular. La fuentes sindicales sí reconocieron la delicada situación por la que atraviesa la plantilla de la Seguridad Social, que ha pasado de contar con 46.500 trabajadores a finales de 2007 a 21.600 el pasado ejercicio. Si comparamos los efectivos que tenía esta Administración en el primer trimestre de 2007 con los que ha cerrado el último trimestre de 2018 el desplome es del 74%. De contar con 85.900 efectivos en el primer trimestre de 2007 se ha pasado a los citados 21.600. «Si seguimos a este ritmo en cuatro años no habrá plantilla», denuncian. El recorte de trabajadores ha sido una constante en los últimos años sin que se haya producido reposición, lo que ha provocado que la plantilla esté muy envejecida, aseguran las mismas fuentes. Afirman que esperan a que se materialice este año la oferta de empleo público, aunque la falta de Presupuesto está siendo un impedimento. «No sabemos qué va a ocurrir en 2019», aseguran. La plantilla de la Seguridad Social trabaja por objetivos y está entre las mejor pagadas. En los últimos años su trabajo se ha multiplicado, entre otros motivos por el refuerzo de la lucha contra el fraude. «La situación es de hartazgo. En pueblos pequeños hay oficinas con uno o dos empleados» relata el sindicato de empleados públicos. No pasó por alto los altos índice de precariedad que existen en la Administración. Pese a que el sector público disparó la creación de empleo en 2018 las Administraciones arrastran todavía un déficit de 95.600 empleos desde el tercer trimestre de 2011, cuando se tocó techo en la ocupación y comenzó a destruirse empleo en la Administración. Según datos extraídos por CSIF de la Encuesta de Población Activa (EPA), las administraciones públicas han batido su récord de precariedad, con 843.300 contratos temporales, un 26,2% del total de los empleos público, la mayor cifra de la serie histórica.