Mejor dentro que fuera
Plantea mi respetado José Luis Méndez Romeu una crítica abierta al mantenimiento de la pena de prisión permanente revisable, por considerarla una respuesta legislativa en caliente a crímenes con más eco mediático que poso penal. En su artículo aquí en ABC, se alinea con la corriente que sitúa la discusión política en la respuesta que el Código Penal da a las actuaciones criminales concretas, preguntándose legítimamente qué efectos tiene en aquella persona a la que se le impone tan severa pena.
Este humilde pazguato considera que su visión merece una réplica desde la posición antagónica, esta es, la de defender la vigencia de la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico para determinados casos excepcionales del campo penal. Y no, no incurriré en la analogía con otros países que mantienen en sus códigos penales este mismo castigo, porque creo que la discusión debe llevarse a otro punto.
Es cierto que la Constitución en su artículo 25 consagra el principio de que las penas privativas de libertad debe mantener un espíritu de reinserción del reo. Y como principio, no se puede estar más en consonancia con su letra, aunque luego la música práctica revele que la reeducación en los centros penitenciarios tenga un corto alcance.
Pero vayamos a los hechos concretos. En la actualidad, solo hay una persona condenada en España a la prisión permanente, David Oubel, al que un jurado encontró culpable de asesinar a sus hijas de cuatro y nueve años con una sierra radial, fría y sanguinariamente. Si esta pena hubiera estado en vigor cuando cometió el crimen por el que fue sentenciado, José Bretón, condenado por secuestrar, matar y quemar a sus pequeños, estaría igualmente pagando con ella. Dos casos con nombres y apellidos a los que podrían sumarse, de estar vigente la pena en su momento, los yihadistas del 11-M o los que atentaron en las Ramblas, si no se hubieran inmolado tras sembrar la muerte en Madrid y Barcelona.
Una sociedad que impone la pena de prisión permanente revisable no busca que David Oubel pague por sus delitos y viva el tormento interior de la culpa y el arrepentimiento, ni que abrace con mayor fervor una rehabilitación moral y social para evidenciar que ha tomado conciencia del horror que procovó. En casos así, la sociedad busca protegerse, resguardarse ante individuos que representan el mal sin aditivos ni justificaciones. ¿Qué puede aportarle Oubel a su entorno si vuelve a poner algún día un pie en la calle? ¿Qué le queda que demostrar a José Bretón? ¿O a Santiago del Valle, el abusador reincidente que segó la vida de la niña Mariluz? ¿Nuestra sociedad está más segura con ellos dentro o fuera? Esa es la pregunta que cabe plantearse, no si la prisión permanente tiene poderes taumatúrgicos para convertir a indeseables en ciudadanos aptos para la convivencia. ¿Quién desea su rehabilitación cuando la atrocidad del crimen les perseguirá por el resto de sus días?
Así pues, estimado José Luis, no se trata de rigorismo penal ni de pretender que modifiquen su conducta. Ni lo espero ni casi me importa si ello sucede. Los dos millones de españoles que han firmado la petición de Juan Carlos Quer no quieren humanizar la pena de criminales de esta calaña, ni consideran que la vida en una cárcel europea sea hacerles pasar por el martirio de «El expreso de medianoche». Tan solo desean dormir tranquilos por las noches, sabiendo que la gente mala está a la sombra. Y eso no es mucho pedir.