Hay una pregunta que merece la pena hacerse cuando hablamos del futuro de nuestro país: ¿estamos aprovechando suficientemente el conocimiento que somos capaces de generar? España dispone de buenas universidades, buenos centros de investigación y excelentes investigadores. Lo ha conseguido con el esfuerzo de varias generaciones y con recursos frecuentemente insuficientes. Tenemos razones para reconocer ese logro. Y la obligación de conseguir que produzca un mayor beneficio colectivo. Una investigación puede ayudar a detectar antes una enfermedad, reducir el consumo de agua de un cultivo o mejorar el aprendizaje en una escuela. Pero entre un descubrimiento y su aplicación hay un trabajo trascendental. Alguien debe conectar con quienes necesitan ese conocimiento, adaptarlo a un problema concreto, comprobar que funciona y acompañar su puesta en práctica. A ese proceso lo denominamos transferencia de conocimiento. Es, en definitiva, una manera de reducir la distancia entre el saber y el hacer, como plantea Joan Subirats. España necesita fortalecer esa conexión. En 2024 ocupó el noveno puesto mundial y el tercero de la Unión Europea en volumen de publicaciones científicas, pese a las limitaciones de financiación de nuestro sistema de investigación. Sin embargo, el índice Mundial de Innovación de 2026 nos sitúa en la posición 28, y el cuadro europeo de innovación nos coloca en el decimocuarto puesto de la Unión, por debajo de la media comunitaria. El reto como país parece claro: conseguir que la capacidad de generar conocimiento se traduzca en mayores beneficios. Las dificultades están a ambos lados de esa relación. Las empresas y las administraciones necesitan capacidad para incorporar los avances científicos. Los investigadores necesitan tiempo, medios y reconocimiento para facilitar su aplicación. La OCDE señala que uno de los obstáculos para la colaboración entre ciencia y empresas en España es la insuficiencia de los incentivos para los investigadores públicos. Para comprender la importancia de estos incentivos, conviene explicar cómo se reconoce la labor investigadora. En 1989 se creó el sexenio de investigación, un modesto complemento salarial que se concede tras una evaluación favorable de los méritos científicos acumulados durante un periodo de seis años. No se obtiene por el mero transcurso del tiempo, sino que exige acreditar resultados y someterlos a una evaluación de su calidad. Este sistema trasladó un mensaje claro: investigar con rigor y excelencia merece reconocimiento profesional y económico. El sexenio de transferencia busca aplicar esa misma lógica al trabajo que permite llevar el conocimiento a la sociedad. Si un investigador dedica años a colaborar con un hospital, una empresa o una institución pública, esa dedicación debe contar también en su trayectoria profesional. La convocatoria piloto del sexenio de transferencia de 2018 abrió ese camino, pero no tuvo continuidad en los años siguientes. Por eso es importante retomar este reconocimiento. En la apertura del curso universitario de septiembre, Diana Morant anunció el inicio de los trámites para activar el sexenio de transferencia. Esta excelente noticia refuerza la idea de que no basta con generar ciencia de calidad, sino que es clave transferir ese conocimiento a la sociedad. El relanzamiento del sexenio de transferencia, por sí solo, no resolverá todas las dificultades, aunque supone un paso fundamental en la buena dirección. Debe acompañarse de reformas que faciliten la colaboración público-privada y proporcionen apoyo profesional a los investigadores. También debe preservarse el apoyo a la investigación básica: muchos avances útiles nacieron de preguntas cuya aplicación nadie podía prever. Generar conocimiento y facilitar su uso son tareas que se necesitan mutuamente. España ha demostrado que sabe generar conocimiento de gran valor. El paso siguiente es facilitar que más ciudadanos se beneficien de él. Reconocer a quienes hacen posible ese recorrido es una decisión de política científica. Y una decisión sobre el país que queremos ser.
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