Estos días se cumple una año ya desde que el Ayuntamiento de Sevilla , gobernado por José Luis Sanz, acordase en el seno de su junta de gobierno interponer un nuevo recurso de casación en el Tribunal Supremo, contra la resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avala la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número siete de ejecutar ya su sentencia que ordena repetir el caso práctico de las oposiciones promovidas en 2012 para cubrir vacantes de la Policía Local hispalense por el amaño de la prueba, extremo que implica la anulación del nombramiento de 44 agentes actualmente en servicio. De esta manera, el Consistorio hispalense afronta el último tramo del mandato municipal 2023/2027 sin que pese una solución definitiva a este conflicto que se prolonga ya más de un lustro, desde que en junio de 2020 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número siete de Sevilla ordenase retrotraer la oposición celebrada en 2012 para cubrir vacantes de la Policía Local al momento anterior al caso práctico, anulando así el nombramiento como funcionarios de los opositores seleccionados entonces. Esta causa deriva de la sentencia del Juzgado de lo Penal número diez que, en marzo de 2019, absolvió a las 45 personas juzgadas en 2018 por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación y cohecho, por la presunta filtración de los exámene s de estas pruebas selectivas. Y es que aunque la resolución fue absolutoria, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete recordaba que dicha sentencia de la vía Penal llegaba a la conclusión de que «de alguna manera, algunos de los acusados, en mayor o menor medida, han tenido acceso a la plantilla de corrección». «El hecho de que no se conozca quién realizó el acto de filtración, o, en cualquier caso, sea con filtración o sea sin filtración intencionada, lo cierto es que existen indicios contundentes de que varios opositores accedieron al conocimiento de la plantilla con anterioridad al examen y algunos de ellos resultaron aprobados, lo que debe provocar la anulación del proceso selectivo y de sus consecuencias, en particular, los nombramientos y contratación de los seleccionados», resumía el juzgado, ordenando «la retroacción del proceso selectivo al momento anterior» al caso práctico. Frente a dicha sentencia inicial, los abogados de los policías locales salpicados por esta decisión han intentado por tierra, mar y aire que la resolución judicial no sea ejecutada, recurriendo a las instancias superiores e incluso negociando con el opositor denunciante del amaño del proceso selectivo. En el caso del Ayuntamiento, el anterior gobierno socialista de Juan Espadas y Antonio Muñoz se puso de perfil mientras el actual alcalde, José Luis Sanz, apostó primero por ejecutar la sentencia de 2020 para después solicitar la no aplicación del fallo, por aspectos como el «grave perjuicio» que sufriría la seguridad de la ciudad si estos 44 funcionarios son cesados de sus puestos. El asunto sigue así pendiente del Tribunal Supremo , después de que en 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA, desestimase los recursos del Ayuntamiento y los agentes afectados, contra los autos emitidos en noviembre de 2023 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número siete denegando ya acceder a la petición de los mismos para que declarase la «imposibilidad» de la ejecución de su sentencia, ya firme. Ordenaba así la ejecución del a sentencia y la repetición de la prueba anulada. Hasta tres sentencias ha dictado el Alto Tribunal andaluz en el mismo sentido , rechazando la petición de los afectados y del Consistorio para dejar sin ejecución el fallo. En la primera sentencia, el TSJA desestimaba parcialmente el recurso del Consistorio y demás reclamantes, porque obligaba ya a anular los ascensos y permutas de estos funcionarios , pero daba parcialmente la razón al Ayuntamiento y a los afectados en lo referente a la repetición de las pruebas. Es decir, los 44 policías sólo tendrían que repetir el examen tipo test pero no volver a superar el examen médico ni tampoco su formación en la escuela de prácticas en caso de aprobar el teórico. En dicha resolución se indicaba que los policías beneficiados por el amaño de las oposiciones que hayan sido ascendidos serán degradados y también volverán al punto inicial los que hayan permutado plazas, algo que hasta ahora estaba en el aire. En el segundo fallo del TSJA se obligaba a todos los agentes afectados ser expulsados y presentarse de nuevo. Y en la tercera y última sentencia, el Alto Tribunal andaluz volvía a rechazar los argumentos de un grupo de policías cuyas plazas están en juego y que exponían el «grave perjuicio en la seguridad» de la ciudad, mismo argumento usado por el Ayuntamiento y rechazado por los tribunales. Para la Justicia, la continuidad del proceso selectivo no es imposible ni material ni legalmente y cuando dicho proceso concluya puede suceder que los aprobados sean los mismos que ya lo fueron en el proceso anterior u otros distintos.
