El PSOE de Sevilla pide bajar el IBI a las ONG y limitar las ayudas a las familias numerosas

Las negociaciones para la aprobación de las ordenanzas fiscales de 2027 en el Ayuntamiento de Sevilla , las últimas que tramita el gobierno de José Luis Sanz en este mandato, han sumado un nuevo actor de última hora. A las 14 enmiendas presentadas por Vox se han añadido también las 13 que se han registrado por parte del grupo municipal del PSOE. Los socialistas creen que es insuficiente la rebaja fiscal propuesta por la Delegación de Hacienda y, frente a su estrategia habitual de oponerse a la reducción de impuestos, han puesto ahora sobre la mesa unas alegaciones que buscar modificar a la baja la presión fiscal de los sevillanos. Eso sí, sin beneficiar al conjunto de la población y reduciéndolas a determinados colectivos y familias. Una de las medidas que se incluye en esta propuesta registrada por Antonio Muñoz pasa por una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles de un 50% para los inmuebles donde desarrollen su actividad asociaciones y ONG inscritas en el registro municipal y que tengan fines sociales, excluyendo el resto de sedes de otras entidades sevillanas. Además, y en relación con ese mismo tipo impositivo (el IBI) se reclama al gobierno de José Luis Sanz que limite las ayudas ya aprobadas a todas las familias numerosas de Sevilla y que sólo las conceda en función de los límites de renta de cada una de ellas. Un planteamiento que acompañan también con la congelación del IBI que se aplica a los inmuebles de características especiales y a los sujetos al tipo diferenciado y que entra en contradicción con la reducción del 1% que ha puesto sobre la mesa Hacienda para todos los casos. Junto a estos aspectos, el PSOE también propone declararle la guerra a las viviendas y locales vacíos que existen en la capital hispalense y lo hace con el planteamiento de gravar todavía más a sus propietarios a través de una subida de la presión fiscal. En este sentido, reclaman elaborar un censo de inmuebles desocupados a través de la información del padrón y el consumo de agua para imponerles un recargo del IBI, que sería de un 50% en el caso de los locales. Por contra, las viviendas que se acojan a los planes públicos de rehabilitación tendrían una bonificación del 50% y los pisos protegidos promovidos por cooperativas contarían con una de hasta el 95% en el ICIO. Por último, y replicando una de las medidas ya propuestas por el gobierno municipal, incorporan una bonificación del 15 % del IBI para actividades de nueva implantación que contraten entre uno y cuatro trabajadores. Eso sí, debe ser con carácter indefinido. Entre las alegaciones presentadas por el PSOE, su portavoz Antonio Muñoz ha destacado un recargo del 50% del IBI para todos los pisos turísticos , que se aumentaría al 100 % cuando el titular tenga dos o más inmuebles y hasta el 150% si posee cuatro o más. No obstante, reconoce que esta propuesta se condiciona a que la Junta de Andalucía declare a Sevilla como un mercado residencial tensionado. O lo que es lo mismo, se trata de una enmienda que no depende directamente ni del Ayuntamiento ni del Pleno municipal, sino de la implicación por parte de otra administración. Pero su cruzada contra los alojamientos para visitantes no queda ahí, pues también piden excluir a las viviendas de uso turístico y a su actividad de explotación de todas las bonificaciones potestativas de los tributos municipales. Finalmente, los socialistas han propuesto una rebaja del 90 % en el IBI de los jóvenes de hasta 35 años que compren su primera vivienda. Eso sí, sólo se aplicaría durante cinco años y exclusivamente en las VPO, excluyendo al resto del mercado inmobiliario. Esta bonificación también alcanzaría a los compradores en circunstancias familiares de especial vulnerabilidad, sin que se lleguen a concretar cuáles serían esos casos. Entre las condiciones que se imponen está el hecho de que el inmueble tenga algún régimen de protección, que sea la primera vivienda en propiedad del beneficiario y que la misma se mantengan como residencia habitual al menos cinco años.