Uno de los grandes problemas del sistema actual es la situación de las pensiones. Y no tanto la garantía del pago de las mismas a pesar de la situación de crisis económica y de deuda del Gobierno, sino la dificultad para encontrar una vía que solucione los agravios comparativos que el actual modelo incluye. Por ello, en el Pacto de Toledo se aprobaron una serie de revisiones entre las que destacaba la recomendación número 12. Tal y como explica el experto Alfonso Muñoz, hasta ese momento «la jubilación anticipada se estaba utilizando muchas veces como una herramienta para ajustar la plantilla». Entonces, no era «una elección real del trabajador», sino «una salida forzosa del mercado laboral». Fue con la firma del El Pacto de Toledo cuando se dijo que «esta modalidad debería reservarse principalmente a trabajadores de largas carrera de cotización». Otra de las grandes demandas de este gran acuerdo era «analizar si los coeficientes reductores eran justos desde el punto de vista financiero y, sobre todo, desde el punto de vista de la equidad», tal y como expone este funcionario de la Seguridad Social. La respuesta del Gobierno a este problema que planteaba la comisión del Pacto de Toledo fue la Ley 21/2021 a través de la cual «tendrían un complemento desde marzo de 2022 los jubilados que cumplieran tres requisitos». El primero, es que se jubilasen anticipadamente de manera involuntaria. Segundo, que tuvieran más de 44 años y medio cotizados o más de 40 y su pensión fuese inferior a 900 euros. Y tercero, que el importe de su pensión fuese mayor que los nuevos coeficientes aprobados en la Ley en 2022. Esta modificación pretendía corregir un fallo del sistema y es que, tal y como explica Alfonso Muñoz, «en España había muchas personas con situaciones muy desfavorables a pesar de llevar toda una vida trabajando». «Si una persona con más de 45 años cotizados al final con su penalización le queda un importe inferior a 900 euros indica que hay un gran problema de proporcionalidad y contributividad del sistema. El sistema no está reflejando el esfuerzo contributivo de esas personas». Aunque lo más grave de todo es que el Congreso de los Diputados reconoció no haber solucionado el problema. Por ello, se aprobó una moción para instar al Gobierno a eliminar los coeficientes reductores a trabajadores con 40 años o más de cotización, lo que obliga al Ejecutivo a presentar una reforma sobre este asunto. Ahora, la jubilación se calcula en base a dos factores: la base de cotización y los años de cotización. «A mayor base, mayor pensión, y a más años cotizados, mayor porcentaje», resume este experto. «Hasta el año 2012 nos jubilábamos con 65 años, pero a partir de la ley 21/2021, la edad de jubilación fue aumentando progresivamente hacia los 67 años que será en 2027. Pero hay una excepción y es que todos aquellos que hayan cotizado más de 38 años y medio podrán jubilarse con 65 años. Y el sistema falla porque no hay una verdadera progresividad». Por ello, para intentar poner una solución a este conflicto, Alfonso Muñoz expone la siguiente solución: «Propongo que la edad ordinaria de jubilación también dependa de los años cotizados, es decir, cuantos más años trabajados y cotizados, antes deberías poder jubilarte sin penalización». «Para ello, establecer una escala progresiva. Por ejemplo, cada 6 meses adicionales de cotización, 3 meses podrías adelantar tu edad de jubilación. Así, alguien con 40 años cotizados podría jubilarse a los 64 años. Y alguien con 42 años cotizados, cerca de los 63». «Esto introduce coherencia en el sistema, se reconoce el esfuerzo contributivo de aquellos trabajadores con largas carreras de cotización y se reduce la necesidad de aplicar coeficientes reductores porque estaríamos hablando de una edad ordinaria de jubilación adaptada a la realidad de cada trabajador. Y, aunque no sea la solución perfecta, mantiene el equilibrio del sistema, respeta el principio contributivo y sobre todo corrige una injusticia que lleva muchos años sobre la mesa». Sin embargo, esto serviría a futuro, para todos los trabajadores que se fueran acercando a su edad de jubilación. Pero Alfonso Muñoz no se olvida de los casos que ya han sucedido anteriormente. Por ello, para las personas que ya han sido penalizadas por un sistema injusto la solución sería: «Recalcular para cada pensionista afectado cuál habría sido su edad ordinaria de jubilación bajo el modelo de progresividad contributiva. Para aquellos que se jubilaron dentro de su edad ordinaria de jubilación, eliminar los coeficientes reductores. En los casos en los que pudiera existir anticipación, pero menor que la considerada en su momento, deberíamos aplicar una reducción proporcional de esos coeficientes y solo mantenerlos íntegramente cuando incluso con los nuevos modelos estemos ante una jubilación claramente anticipada». «Todo debería articularse mediante un instrumento jurídicamente viable. No sería necesario ni reabrir expedientes ni generar inseguridad jurídica. La mejor vía sería la creación de un complemento de equidad contributiva de carácter permanente y que se integre en la pensión y que compensaría la diferencia entre lo que hoy percibe y lo que percibiría con el nuevo criterio. Y por último establecer unos efectos económicos razonables. Por ejemplo, desde la entrada en vigor de la reforma de 2022 que fue cuando se reconoció que algo no estaba bien».
