La escalada del petróleo ha dejado de ser una amenaza abstracta ligada a la inestabilidad de Oriente Próximo. Arabia Saudí, pieza esencial de la oferta mundial, ha sufrido un desplome de producción que sitúa el problema en términos concretos: Riad comunicó a la OPEP una extracción de 6,2 millones de barriles diarios en agosto, 1,9 millones menos, su nivel más bajo desde 1990. A ello se suma el cierre preventivo del oleoducto Este-Oeste tras un ataque con drones que Riad y Bagdad sitúan en territorio iraquí, aunque su autoría no ha sido aclarada. Esa infraestructura transportaba últimamente entre cuatro y cinco millones de barriles diarios y permitía esquivar el estrangulamiento de Ormuz. La presión se extiende además al mar Rojo. Los hutíes, respaldados por Irán, han avanzado sobre puntos estratégicos de la costa y han anunciado nuevos ataques contra objetivos saudíes. Con Ormuz sometido a graves restricciones y Bab el Mandeb amenazado, el Brent ha llegado a superar los 107 dólares y el West Texas ha rondado los 102. No estamos, por tanto, ante una subida alimentada sólo por expectativas: existe una merma física y medible de la oferta. Donald Trump quiso ocultar su grave responsabilidad en este caos, pidiendo a Kiev que deje de atacar las refinerías de Rusia, el segundo exportador mundial de gasóleos después de EE.UU. La presión se extiende además al mar Rojo. Los hutíes, respaldados por Irán, han avanzado sobre puntos estratégicos de la costa y han anunciado nuevos ataques contra objetivos saudíes. Con Ormuz sometido a graves restricciones y Bab el Mandeb amenazado, dos arterias fundamentales del comercio energético quedan simultáneamente expuestas. El Brent ha llegado a superar los 107 dólares y el West Texas ha rondado los 102. No estamos, por tanto, ante una subida alimentada sólo por expectativas: existe una merma física y medible de la oferta. España recibe ese impacto con una anomalía añadida. La gasolina 95 alcanzó esta semana 1,835 euros por litro de media, máximo anual, y la 98 ya supera los dos euros. Sin embargo, el diésel disfruta durante septiembre de una rebaja de 20 céntimos por litro en el impuesto sobre hidrocarburos, mientras la gasolina sólo conserva cinco. La diferencia procede del mecanismo automático aprobado por el Gobierno: el gasóleo superó en julio el umbral del 15 por ciento de inflación interanual que activa la protección reforzada; la gasolina, con un 7,3 por ciento, no lo hizo. La existencia de un cortafuegos fiscal en una crisis extraordinaria puede estar justificada. Lo discutible es que un automatismo concebido sobre una fotografía retrasada de los precios termine repartiendo de manera tan desigual una perturbación que hoy afecta al conjunto de los consumidores. La política fiscal no debe introducir incentivos arbitrarios ni distorsionar las decisiones de los ciudadanos por la mera aplicación de un umbral estadístico. Menos aún cuando el episodio saudí demuestra la velocidad con que puede cambiar el mercado y que el tiempo que va a durar esta perturbación puede ser muchísimo más largo de lo que se pensaba. España mantiene precios de carburantes comparativamente inferiores a los de buena parte de la eurozona, lo que obliga a evitar alarmismos. Pero esa ventaja relativa no elimina el problema. El Gobierno debe revisar con rapidez el diseño de sus ayudas , preservar su carácter temporal y focalizado y, sobre todo, ofrecer previsibilidad. La crisis exige distinguir entre el origen del encarecimiento y su traslación al surtidor. El primero viene hoy de una oferta petrolera estrangulada; la segunda depende también de decisiones fiscales que el Ejecutivo sí puede corregir. La improvisación fiscal no puede ser respuesta a la inseguridad energética.
