Llevo algunos años siguiendo el debate francés sobre la ley de «ayuda a morir». Cada cual procrastina con lo que puede. Una tramitación parlamentaria larga y accidentada, precedida, además, por una Convención Ciudadana, informes bioéticos y varios años de conversación pública intelectualmente densa y rica en matices. Inevitable compararla con lo que aquí tuvimos o, más bien, con lo que no tuvimos. Nuestra ley orgánica de regulación de la eutanasia cumplió cinco años el pasado mes de junio. Hubo debate parlamentario, posiciones enfrentadas en los medios y pronunciamientos de organizaciones profesionales y asociaciones de pacientes. Pero la conversación pública acabó asfixiada dentro de un marco muy estrecho: de un lado, quienes defendían un «nuevo derecho»; del otro, una oposición cuyo rostro público terminó siendo casi exclusivamente la Iglesia católica. Sin embargo, como diría Javier Gomá, en democracia necesitamos verdades penúltimas: razones compartibles entre quienes discrepan sobre el sentido último de la existencia. Ese fue y sigue siendo, a mi juicio, el gran déficit del debate español. Había y hay razones últimas para oponerse a la ley, pero también razones penúltimas que quedaron fuera de la conversación, haciendo que plantear siquiera reparos al acto de eutanasiar pareciera asunto de unos pocos y no una posibilidad abierta a cualquiera dispuesto a dejarse convencer por un buen argumento. En el debate francés han destacado voces como la de Didier Sicard , médico y expresidente del Comité Consultivo Nacional de Ética. Sicard, que años atrás había admitido excepciones jurídicas, señaló que la nueva ley descansaba sobre una ficción antropológica: considerar plenamente libre y autónoma la voluntad de quien se encuentra, precisamente, en el momento de mayor fragilidad, sufrimiento, dependencia y miedo de toda su existencia. Invocar la autonomía en ese preciso instante debería obligarnos a preguntarnos qué significa cuando la persona atraviesa las condiciones que más limitan su ejercicio. También señaló cómo la ley burocratiza la eutanasia como mecanismo de aceptabilidad: informes médicos, requisitos acumulativos, procedimientos garantistas y controles administrativos. El lenguaje jurídico neutraliza la singularidad moral del acto que pretende regular. Se habla de «prestación», «procedimiento» o «ayuda para morir», hasta invisibilizar la acción: eutanasiar. Nótese que los sucesivos informes del Ministerio de Sanidad español tampoco se centran en la dimensión moral de la norma, sino en el funcionamiento del procedimiento: solicitudes, plazos, denegaciones, diferencias territoriales, Comisiones de Garantía y protocolos asistenciales. La normalización administrativa evapora el debate sobre la legitimidad y lo desplaza hacia la eficiencia de la gestión: cómo eutanasiar mejor. Otra figura que ha sobrevolado el debate francés ha sido Robert Badinter . Aunque no intervino personalmente, sus ideas han acompañado toda la tramitación parlamentaria. Ministro de Justicia de François Mitterrand, artífice de la abolición de la pena de muerte y una de las grandes autoridades morales de la República, formuló hace años una objeción que diputados y senadores recuperaron: 'Nul ne peut retirer la vie à autrui dans une démocratie' («Nadie puede quitar la vida a otro en una democracia»). El argumento no necesita premisas religiosas: una democracia posee jurídicamente la capacidad de hacer muchas cosas y, por eso mismo, necesita decidir cuáles no debe hacer nunca. La abolición de la pena de muerte representaba esa autolimitación: el Estado renuncia voluntariamente a un poder que posee porque entiende que ciertos límites no debilitan la democracia, sino que la definen. Es una verdad penúltima: no hace falta compartir una fe, sino preguntarse qué comunidad política queremos ser y qué límites consideramos constitutivos de ella. Esto faltó en el debate español, liliputiensemente reducido a la ampliación de derechos individuales. Otra vez, no pudimos mantener una conversación razonable sobre algo tan importante. Y, claro, Michel Houellebecq. Sus intervenciones públicas sobre la eutanasia prolongan una preocupación antigua en su obra y en sus ensayos, que en Anéantir convirtió en materia literaria: un Estado que, bajo la apariencia de la compasión y la eficiencia, termina administrando también la vulnerabilidad extrema de los cuerpos envejecidos y discapacitados. Para Houellebecq, eutanasiar, más que una decisión jurídica o médica, es el síntoma de una civilización que renuncia a su impulso de conservación. Le irrita especialmente el uso de la expresión «morir con dignidad»: el sufrimiento de quienes desean morir es real, pero por el camino la dignidad pasa a depender de conservar determinadas capacidades (autonomía física, control del cuerpo o posibilidad de decidir sin ayuda). ¿Qué decimos entonces de quienes ya no las poseen? ¿Ha disminuido su dignidad o ha cambiado nuestra manera de mirarlos? Durante siglos, el progreso moral ha consistido en ampliar el reconocimiento de la dignidad a quienes se negaba. Houellebecq teme que avancemos en sentido contrario: hacia una dignidad cada vez más funcional y menos fundamental, donde el valor de la vida dependa de poder ser independiente, comunicarse o valerse por uno mismo. Ha escrito: 'Nous entrons dans un monde où il sera plus facile de mourir; j'aurais préféré un monde où l'on puisse vivre' («Entramos en un mundo en el que será más fácil morir; yo habría preferido un mundo en el que fuera posible vivir»). Quizá por eso prefiero hablar de eutanasiar antes que de eutanasia. Los sustantivos convierten las acciones en conceptos; los verbos las devuelven a quienes las realizan y padecen. Alguien eutanasia. Alguien es eutanasiado. Precisamente cuando «los cuidados» ocupan el centro del imaginario moral y político, empezamos a aceptar que cuidar puede consistir en adelantarle la muerte a alguien. Los paleoantropólogos discuten casos como el individuo de Dmanisi, que sobrevivió años tras perder casi toda la dentadura, o el neandertal Shanidar 1, que vivió durante años pese a lesiones gravísimas. Aunque esos hallazgos no constituyen una demostración moral, permiten preguntar: si abandonar a quien ya no podía cazar, desplazarse o alimentarse normalmente era más sencillo y menos costoso, ¿qué ocurrió cuando empezamos a no hacerlo? ¿Y qué empezará a ocurrirnos al considerar que, en ciertas circunstancias, la respuesta compasiva a la enfermedad, el dolor y el deterioro consiste en adelantar deliberada, burocrática y ordenadamente la muerte? Si aquellos gestos contribuyeron a humanizarnos, cabe preguntarse si, al empezar a eutanasiar, no estaremos recorriendo el camino inverso.
