Durante el último año, los cinemómetros gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT) han batido todos sus registros históricos de actividad sancionadora, alcanzando una recaudación cercana a los 250 millones de euros. Lejos de responder a un aumento generalizado en la indisciplina de los conductores, las organizaciones de automovilistas señalan a la activación estratégica de nuevos dispositivos de alta eficiencia como el verdadero motor de este incremento. La maquinaria sancionadora ha alcanzado tal nivel de precisión que las multas por exceso de velocidad representan ya el 41,5% del dinero total recaudado por sanciones de tráfico en el país, sin computar las carreteras del País Vasco y Cataluña. La gran sorpresa vertida en el informe elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) radica en la extrema concentración de las sanciones. De la red total de más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, únicamente 50 dispositivos concentraron 1.342.285 denuncias. Este selecto grupo de cinemómetros es responsable de casi la mitad de todo el impacto económico generado por las multas de velocidad en las arcas públicas. [PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL MAPA COMPLETO] El epicentro del mapa sancionador en España se sitúa claramente en la Comunitat Valenciana y, en particular, en la provincia de Valencia. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la autovía A-7, a la altura de La Canyada, se ha coronado como el dispositivo más activo del país tras registrar un récord absoluto de 90.766 denuncias en un solo año. El segundo puesto tampoco abandona la región, ocupado por el radar instalado en el kilómetro 7 de la carretera CV-905 en Alicante, con 72.557 sanciones. Por su parte, el podio nacional lo completa la Comunidad Foral de Navarra con el radar situado en el kilómetro 127 de la A-15, que cazó a 67.445 conductores. El informe de AEA también enciende las alarmas sobre el ritmo de otros radares con un crecimiento vertiginoso. Destaca especialmente el caso del cinemómetro situado en la carretera TF-2 en Santa Cruz de Tenerife, el cual pasó de formular apenas 1.358 denuncias en el ejercicio anterior a dispararse hasta las 49.641 sanciones, multiplicando exponencialmente su actividad. En el lado opuesto, varios radares históricamente muy activos redujeron su ritmo, como el situado en el kilómetro 968 de la A-7 en Málaga, que descendió a 45.050 multas, o el de la M-40 en Madrid, que redujo sus denuncias a 43.500. El volumen económico generado por estos cinemómetros ha reabierto el debate sobre la verdadera finalidad de estos dispositivos en la red vial. Ante el hecho de que la gran mayoría de las denuncias se registran en autopistas y autovías de alta capacidad y no en las carreteras secundarias —lugar donde se producen cerca del 70% de los accidentes con víctimas mortales—, la efectividad preventiva de este modelo queda en entredicho. El presidente de AEA, Mario Arnaldo, opina que la DGT debería replantearse seriamente su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo principal de evitar los excesos de velocidad ni de reducir los accidentes y «convirtiendo desgraciadamente estos cinemómetros en meros instrumentos de recaudación». Por ello, desde Automovilistas Europeos Asociados instan a la DGT a reorientar la ubicación de la tecnología de control de velocidad hacia los tramos verdaderamente peligrosos de la red secundaria, priorizando la reducción de la siniestralidad por encima del rendimiento económico.
