El Gobierno aprueba repartir 904 millones entre las autonomías para reforzar la financiación de la dependencia
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una transferencia de más de 904 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar el denominado nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una partida que el Gobierno califica de "récord" y que, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, podría elevarse hasta los 970 millones de euros al contabilizar los recursos correspondientes al País Vasco y Navarra a través del cupo vasco y la aportación navarra.
El anuncio lo ha realizado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El departamento que dirige ha señalado que se trata de la mayor dotación destinada hasta ahora a este nivel de financiación, cuyo objetivo es complementar los recursos que reciben las comunidades autónomas para la prestación de servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
La financiación del nivel acordado está vinculada al cumplimiento de determinados objetivos por parte de las comunidades, entre ellos la reducción de las listas de espera para acceder a las prestaciones y servicios del sistema, así como la mejora de las condiciones laborales y del empleo en el sector de los cuidados.
Este mecanismo de financiación fue eliminado en 2012 y permaneció sin dotación presupuestaria hasta 2021, cuando volvió a incorporarse con una asignación de 306,9 millones de euros. Desde entonces, el Ejecutivo destaca que la cuantía ha experimentado un incremento progresivo hasta alcanzar los 970 millones de euros previstos para este ejercicio, una vez incorporados los ajustes correspondientes a Euskadi y Navarra.
El Ministerio subraya además que esta partida se suma al aumento del denominado nivel mínimo de financiación aprobado recientemente por el Gobierno. Según las previsiones del Ejecutivo, ambas medidas permitirán que en 2027 la aportación estatal al sistema de dependencia alcance los 7.239,4 millones de euros y represente el 50% de la financiación total del sistema.
En esta misma línea, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de junio un real decreto ley por el que se duplican las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, la suma del incremento del nivel mínimo y del nivel acordado supondrá una aportación adicional del Estado de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027.
La aprobación de esta nueva transferencia coincide con el debate parlamentario sobre la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, cuyo texto se somete este martes a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados. Durante su tramitación se ha incorporado una enmienda que establece la obligación de que el Estado financie el 50% del coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Eliminación de incompatibilidades
La reforma introduce además diversas modificaciones en el funcionamiento del sistema. Entre ellas figura la eliminación de algunas incompatibilidades entre prestaciones para facilitar que una misma persona pueda acceder a diferentes apoyos cuando sean compatibles con sus necesidades.
Asimismo, el texto contempla que amigos o vecinos puedan ser reconocidos como cuidadores en determinados supuestos, incorpora de forma expresa el servicio de asistencia personal dentro del catálogo de prestaciones y amplía el servicio de ayuda a domicilio para incluir actuaciones relacionadas con la participación en el entorno comunitario, como acudir a consultas médicas o realizar compras.
Otro de los cambios previstos es el reconocimiento automático de un grado de discapacidad para las personas que ya tengan reconocida una situación de dependencia, además de la creación de un sistema de préstamo de productos de apoyo, entre ellos sillas de ruedas eléctricas, camas articuladas, andadores o asistentes de voz.
Durante su comparecencia, Bustinduy defendió que la votación de este martes puede suponer "un antes y un después" para el sistema de atención a la dependencia y realizó un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que respalden tanto la convalidación del real decreto ley sobre financiación como la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.
Con estas medidas, el Gobierno pretende consolidar el incremento de la financiación estatal del sistema y avanzar en una reforma que amplía los derechos y las prestaciones dirigidas a las personas en situación de dependencia y con discapacidad.