La preocupación y el cuidado de la Plaza de España de Sevilla -declarada Bien de Interés Cultural en 2023- por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tiene dos caras. Según convenga. La carta remitida esta misma semana desde la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura al alcalde José Luis Sanz en la que solicita información sobre los posibles desperfectos en el monumento ocasionados por los conciertos de Icónica Santalucía Sevilla Fest apenas dos meses después de que otro departamento del Ejecutivo, el de Hacienda, autorizase el desarrollo del festival, choca con la poca presteza con la que el Gobierno resuelve los requerimientos que se le hacen desde la capital hispalense. Hace justo un año, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla solicitó por escrito a las administraciones que tienen su sede en la Plaza de España cumplir con una serie de indicaciones para proteger la joya diseñada por Aníbal González. A día de hoy, doce meses después, no ha llevado a cabo ninguna. Fuentes municipales informan, además, de que ni siquiera el ministerio entonces liderado por la sevillana María Jesús Montero y ahora por Arcadi España, ha enviado una respuesta. La fecha de ese requerimiento no fue casual. En ese documento, el Ayuntamiento apuntaba a la planificación «del desarrollo de actuaciones con motivo de la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929» y que entre sus objetivos se encuentra «tanto el entorno de la Plaza de España como la propia edificación, sede de distintas administraciones del Estado». Por esta razón, incidía que había «usos continuados e instalaciones que suponen una degradación de los valores del bien inmueble» y que, por lo tanto, acaban provocando una «distorsión» de su imagen desde las avenidas Gran Capitán y Nicolás Alperiz. Esos elementos distorsionadores son fácilmente reconocibles con sólo alzar la mirada: aparatos de aire acondicionado (de diferente tamaño, modelo y sistema de instalación), cableado y yerbajos, crecidos por una evidente falta de mantenimiento, tal y como se observa en las fotografías que acompañan esta información y tomadas este mismo sábado. Ya en el suelo también se fijaba la gerencia en la «ocupación masiva» de coches oficiales y el uso indiscriminado de vallas en este entorno. En la parte interior, en la zona de Subdelegación del Gobierno, y por tanto en el suelo de la plaza, éstas se colocan sin ninguna protección . Un modus operandi que difiere del obligado esmero que la promotora de Icónica impone en su organización. El escrito del Ayuntamiento de Sevilla enviado a finales de julio del año pasado tenía como destinatarias a todas las sedes del Gobierno de España que se encuentran en el monumento y cuya gestión depende directamente del Estado. Así, entre ellas se encuentran la Delegación del Gobierno en Andalucía o la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Además, están también el Ministerio de Política Territorial, la Oficina de Extranjería, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Gerencia Territorial de Justicia, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, así como la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, la Dirección Territorial de Comercio de Sevilla o el Área de Industria y Energía. En la misiva se daba un plazo de quince días para proceder al cumplimiento de las indicaciones sugeridas. Sin embargo, sólo se ha recibido la inacción y el silencio por respuesta. Según ha podido saber este periódico, Hacienda, como gestora de Patrimonio del Estado y por lo tanto del monumento regionalista, tampoco ha atendido otro ofrecimiento de José Luis Sanz. Así, el Ayuntamiento se brindó en abril de 2025 a intervenir el banco de la provincia de Almería . Pero tampoco ha obtenido 'feedback'. No hay comunicación hacia al sur pero tampoco entre el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez. En la carta enviada a finales de esta semana por el ministerio que dirige Ernest Urtasun (Sumar) y firmada por María Ángeles Albert de León, además de preocuparse por un festival al que le dio luz verde hace dos meses Hacienda, se pedía la concesión de un trámite de audiencia para conocer «de manera fehaciente» el contenido de la ordenanza que regula los usos de la Plaza España para «realizar las alegaciones oportunas» pese a que ésta estuvo sometida a consulta pública. El gobierno municipal, no obstante, envió su respuesta el mismo día en que le llegó la misiva, este viernes.
