Cinco jóvenes sevillanos, un viaje a Pamplona para vivir los Sanfermines, un grupo de WhatsApp que aludía a un grupo de animales de una misma especie y una violación grupal a una chica de 18 años de Madrid. Estos cuatro elementos conforman el origen de un caso que sacudió a la sociedad española en el verano de 2016. Se cumplen diez años de la Manada , que desató una respuesta ciudadana en las calles sin precedentes. Era el 'Me too' español que se tradujo en un 'Hermana, yo sí te creo'. Pero también se cumplen diez años del origen de una ley fallida, que permitió la rebaja de penas a agresores sexuales, incluyendo la puesta en libertad de decenas de violadores. José Ángel Prenda, alias el 'Prenda'; el entonces miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Alfonso Jesús Cabezuelo, el exagente de la Guardia Civil Antonio Manuel Guerrero, Ángel Boza y Jesús Escudero, primo de Antonio Manuel Guerrero y peluquero de profesión, fueron detenidos pocas horas después de los hechos cometidos la madrugada del 7 de julio en un pequeño cuarto del portal del número 5 de la calle Paulino Caballero . Allí la violaron, grabaron su ataque y posteriormente la dejaron abandonada, robándole sus pertenencias, incluido el móvil. Se sentaron en el banquillo en noviembre de 2017 y cuatro meses después la udiencia Provincial de Navarra los condenó a penas de nueve años de cárce l por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, frente al delito continuado de agresión sexual esgrimido por la acusación particular ejercida por la víctima y la Fiscalía, que reclamaba 18 años de prisión para cada uno de los encartados. El pronunciamiento del tribunal contó con el voto particular discrepante de uno de los magistrados, que apostaba por absolverles de cualquier delito sexual. Aquella sentencia y su voto particular, de inmediato, levantaron una ola de concentraciones impulsadas por colectivos feministas por todo el territorio nacional y un intenso debate público y político con relación al tratamiento judicial de los delitos sexuales . Representantes del PSOE, Podemos y de otros partidos de izquierda criticaban en ese sentido que el tribunal apreciase prevalimiento pero no violencia en los hechos. El entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes , llegó a pronunciarse en contra de las descalificaciones a la Justicia «emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas», dado el carácter de las críticas vertidas desde los púlpitos políticos. Entretanto, en agosto de ese año 2018, aprovechando su libertad provisional tras cumplir dos años de forma preventiva, Ángel Boza era detenido de nuevo, esta vez en Sevilla capital, por la sustracción de unas gafas de sol de un centro comercial del Centro y acometer con su coche contra los vigilantes de seguridad del recinto. Fue condenado por un delito de hurto y otro de lesiones leves, tras reconocer en el juicio haber cometido «una gilipollez» y pedir perdón a su familia y a la sociedad. Llegó diciembre de 2018 y el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre los recursos no ayudó en nada a sofocar la respuesta en las calles, pues los magistrados confirmaron la condena inicial a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. Además, el Alto Tribunal navarro ordenaba a la Audiencia a dictar una nueva sentencia exclusivamente respecto al delito contra la intimidad del que fueron absueltos, a cuenta de las grabaciones de imágenes de los hechos. Eso sí, tampoco en este caso hubo unanimidad en el tribunal, pues dos de los cinco magistrados formularon un voto discrepante , reclamando condenar a los cinco procesados a 14 años y tres meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual, al apreciar la existencia de intimidación. Además, pedían que Antonio Manuel Guerrero fuese condenado a dos años más de prisión en lugar de los 900 euros de multa fijados por la Audiencia, por un delito leve de hurto por llevarse el teléfono móvil de la víctima, quien había viajado a Pamplona en coche con un amigo. Aquella noche, éste se fue a dormir al vehículo, mientras ella decidió quedarse de fiesta, momento en el que conoció a los cincos sevillanos. El giro llegó en junio de 2019. El caso de la Manada llegaba al Tribunal Supremo. De nueve años de prisión, las penas se elevaban a 15 años , al considerar los magistrados que los hechos eran una violación, sin matices. Aquella resolución judicial remarcaba que los cincos miembros crearon un «escenario intimidatorio» , situación intimidante que hizo que la víctima «adoptara una actitud de sometimiento» ante la «angustia e intenso agobio» que sufría. Además, condenó a Antonio Manuel Guerrero a dos años más de prisión adicional por robo con intimidación del móvil de la víctima. Los cinco encartados, entonces en libertad provisional, tenían que ingresar en prisión. Los cinco estaban en la capital andaluza aquella calurosa tarde del 21 de junio. Unos fueron detenidos, mientra otros, a la vista del desarrollo de los acontecimientos, se personaron en dependencias policiales para entrar en la cárcel. Pero aquel año 2019 no acabaría sin más leña judicial en la hoguera de la Manada, pues en noviembre de tal ejercicio, l a Audiencia de Navarra condenó a Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo a otros tres años y tres meses más de prisión, por un delito contra la intimidad derivado de los siete vídeos y dos fotografías que tomaron de la violación grupal. Pero aún no estaba todo escrito sobre el caso de la Manada. En 2023 y 2025, primero Ángel Boza y después Jesús Escudero y José Ángel Prenda, respectivamente, obtuvieron una rebaja de un año en su pena de cárcel por el delito de violación de los Sanfermines de 2016, en concreto de 15 a 14 años de prisión, por aplicación de la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del «sólo sí es sí». La reforma legislativa que impulsó la que fuera ministra podemita de Igualdad, Irene Montero, en el Gobierno de Pedro Sánchez contra 'las manadas sexuales' se les volvió en contra a sus impulsores, pues había abierto la rendija para que no sólo Boza, Escudero o Prenda se vieran beneficiados con una rebaja de los años de prisión, sino que más de un millar de condenados por agresión sexual vieron rebajadas sus castigos y más de un centenar de violadores fueron excarceladas como consecuencia del nuevo marco legal. Esta controvertida ley impulsada por Montero y su equipo iba a suponer la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual en un solo tipo. Pesaba entonces la máxima legislativa de que ante una colisión entre dos normas penales de vigencia temporal diferente, debe aplicarse la pena más favorable para el reo, que era la del 'sí es sí'.
