Nueva petición al Supremo para suspender la regularización de inmigrantes

El Tribunal Supremo (TS) tendrá que valorar de nuevo si acuerda la suspensión cautelar del proceso de regularización de extranjeros. Ante las dudas sobre una posible colisión de la medida con el Derecho de la Unión, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal instó a los gobiernos autonómicos de Valencia y Aragón –que recurrieron el decreto que impulsó la iniciativa– a posicionarse sobre la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que resuelva la controversia.

Y según las fuentes consultadas, ambas autonomías –gobernadas por el PP– tienen previsto no solo instar al Supremo a que acuda al tribunal de Luxemburgo, sino apremiarle también a suspender de forma cautelar el procedimiento de regularización, que ya han solicitado casi 1,2 millones de inmigrantes, mientras el TJUE no se pronuncie sobre la adecuación del decreto a la normativa comunitaria. En particular, al Pacto de Migración y Asilo aprobado por el Parlamento Europeo en abril de 2024 y a la normativa comunitaria que lo desarrolla. En la medida en que la iniciativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez no implica un reconocimiento individualizado de los permisos de residencia, sino que instaura un régimen general a nivel normativo para todos los extranjeros que se encontrasen en nuestro país de forma irregular.

Primera negativa en mayo

El alto tribunal ya se negó el pasado mayo a paralizar el proceso de regularización tras una vista celebrada en la sede jurisdiccional en la que –en otro procedimiento paralelo también con el polémico decreto en el punto de mira–, en la que escuchó los argumentos a favor de la suspensión de la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones, entre ellas Hazte Oír (a las que negó legitimación activa para recurrir la iniciativa).

Pero finalmente, la Sala que preside el magistrado Carlos Lesmes (expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ) no apreció un posible daño irreparable en caso de no acordar la suspensión cautelar, alineándose con los argumentos de la Abogacía del Estado.

Pero ahora, la situación cambiaría –o así lo entienden las dos comunidades autónomas– si finalmente el alto tribunal opta por plantear sus dudas al Tribunal de Justicia de la Unión, lo que obligaría a suspender el proceso judicial durante meses hasta que Luxemburgo tomara una decisión (en el caso de las cuestiones prejudiciales planteadas sobre la amnistía la resolución se producirá más de un año después de que se celebrase la vista ante la corte europea).

Vía europea

Pero la paralización del procedimiento judicial no implica la suspensión del procedimiento administrativo. Salvo que el Supremo acuerde esa suspensión cautelar. Porque para los gobiernos autonómicos de Aragón y Valencia (y por extensión para el PP), si el proceso de regularización continúa adelante mientras el alto tribunal no puede abordar las cuestiones de fondo sobre el decreto que avaló la medida –obligado a esperar a que el TJUE resuelva las cuestiones prejudiciales– se producirán situaciones consolidadas que ya serán irreversibles en caso de que finalmente Europa vea incompatible la iniciativa con el Derecho de la Unión. En la medida en la que entienden que la concesión de los permisos de residencia resultaría ya irreversible (al haber generado unos derechos consolidados) aunque el Supremo estimase los recursos contra el decreto de regularización.

En la vista celebrada el pasado mayo la Abogacía General de la Comunidad de Madrid puso sobre la mesa para justificar la paralización cautelar el impacto de la medida para los servicios públicos de la región. Atender a 250.000 personas más por la Sanidad madrileña, argumentó, obliga a adaptar los servicios públicos de manera inmediata, «lo que no podrá revertirse en el futuro». Además, alertó de las consecuencias en las listas de espera, anticipando un «colapso» sanitario en la región.