Llevamos demasiado tiempo dominados por una concepción de la naturaleza que excluye al ser humano de ella o, peor aún, que le atribuye todos los males que aquejan al planeta. Somos una especie más y nuestra interacción con el resto de los seres vivos ha transformado el entorno y, al mismo tiempo, nos ha convertido en un elemento esencial para el equilibrio de la vida tal y como hoy la conocemos. Existe, sin embargo, una diferencia fundamental: nuestra capacidad racional nos permite anticipar las consecuencias que un uso inadecuado de los recursos naturales puede tener sobre ese equilibrio. Lo que para otras especies supondría el inicio de su desaparición, para nosotros constituye una responsabilidad que debemos asumir conscientemente. El ser humano, cazador y pescador desde sus orígenes, forma parte de los ecosistemas y es corresponsable de su conservación. No puede situarse al margen de ellos como un mero espectador. De esta concepción nace esta ley. No para cumplir un trámite administrativo, sino para ordenar una realidad, corregir inercias y preparar el futuro. La nueva Ley de Caza y Pesca de la Comunidad de Madrid no es una norma menor ni una regulación sectorial al uso. Es una pieza más de una política territorial y medioambiental más amplia destinada a garantizar que Madrid siga creciendo con equilibrio, protegiendo sus recursos naturales, reforzando la seguridad y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Durante demasiado tiempo, la caza y la pesca en Madrid han seguido reguladas por normas antiguas, dispersas y claramente superadas por la realidad. La actividad cinegética se regía por una ley de 1970 y la pesca por otra de 1942. Mientras evolucionaban los usos del suelo, aumentaban las exigencias medioambientales, crecían las tensiones entre el mundo urbano y el rural y se multiplicaban los desafíos asociados a la gestión de la fauna, seguíamos apoyándonos en marcos normativos concebidos para una realidad muy distinta. Las consecuencias han sido evidentes: inseguridad jurídica, trámites innecesarios, falta de herramientas eficaces para la gestión y, en última instancia, una renuncia a gobernar con rigor una parte esencial de nuestro territorio. Por eso esta ley era necesaria. Y por eso debía afrontarse con ambición y determinación. Hablamos de medio ambiente, prevención y economía. Y de afrontar daños agrícolas, accidentes, riesgos sanitarios o la conservación de ríos y ecosistemas. Por eso regulamos los planes de control poblacional, actualizamos las distancias de seguridad respecto a núcleos habitados o reformamos el régimen sancionador. La norma también simplifica y moderniza: digitalizando procedimiento, reduciendo trámites, racionalizando asuntos como los cotos o clarificando cuestiones como la clasificación de aguas de pesca. Menos burocracia significa más libertad, más eficacia y una Administración al servicio de los ciudadanos. Que el 71 por ciento del territorio regional sea terreno cinegético y decenas de miles de madrileños tengan licencias de caza y pesca merece respeto, no caricaturas. Y que el medio natural no se proteja con eslóganes, sino con gestión, conocimiento y responsabilidad. Una tarea en la que cazadores y pescadores responsables son aliados necesarios de la conservación y del futuro del medio rural. La Ley se integra en una visión estratégica de Madrid que entiende el territorio como una realidad compleja en la que deben convivir distintos usos y actividades bajo reglas claras y equilibradas. Frente a la inacción y al ruido ideológico, defendemos el campo madrileño, respetamos los distintos usos del territorio, protegemos los ecosistemas, reforzamos la seguridad y garantizamos el futuro del mundo rural. La filosofía está clara: proteger para crecer, ordenar para convivir y anticipar para garantizar bienestar y seguridad.
