Zaragoza cierra su polémica subasta con varias empresas interesadas pese al rechazo frontal de todo el sector
El proceso de adjudicación de la plaza de toros de Zaragoza ha entrado en una fase decisiva tras el cierre de las ventanillas administrativas. La medianoche de este martes 9 de junio marcó el límite legal definitivo para la presentación de ofertas bajo el nuevo y controvertido pliego de condiciones de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). El concurso, catalogado de forma unánime por los profesionales como un auténtico atropello, ha provocado un cisma sin precedentes en la temporada al suprimir las valoraciones técnicas y convertir la gestión de un coso de primera categoría en una subasta económica pura. Sin embargo, este polémico formato no ha frenado el interés mercantil por la plaza, confirmándose la existencia de al menos tres empresas taurinas que han registrado sus propuestas a última hora.
La apertura de los sobres sitúa al abono aragonés en un escenario de extrema urgencia temporal en pleno mes de junio. Aunque la mesa de contratación guarda con estricto celo las plicas, la expectación en el sector es máxima al confirmarse que tres de las empresas y gestores más potentes del circuito nacional han dado el paso para pujar por La Misericordia, rompiendo el pacto de silencio. La ausencia de un gestor oficial hasta la fecha ha bloqueado por completo las labores de planificación para la Feria del Pilar, impidiendo avanzar en la reseña de los encierros en el campo bravo y en la contratación de las máximas figuras del escalafón, un retraso que el nuevo adjudicatario tendrá que solventar a contrarreloj.
La exigencia financiera del pliego establece un desembolso inamovible que condicionará de forma severa la rentabilidad de la feria otoñal. El tipo mínimo de licitación obliga al pago de un canon diario de 2.466,67 euros más IVA, lo que se traduce en 150.466,87 euros para la mini-temporada de 61 días de 2026 (septiembre y octubre). El verdadero muro económico llegará en 2027 y 2028, anualidades donde el canon mínimo superará el medio millón de euros anual al ampliarse la ocupación a 214 días por curso. Estas cifras, calculadas sobre el 6% del valor total del monumento, obligarán a los licitadores a elevar las pujas al alza para hacerse con el control de las taquillas.
El frente común del sector taurino —que integra bajo un mismo manifiesto a ANOET, la Unión de Toreros, la Fundación Toro de Lidia y la UCTL— mantiene su denuncia pública contra las descalificaciones del presidente provincial hacia los empresarios. Los profesionales insisten en que la sustitución del tradicional contrato de servicio público por un arrendamiento patrimonial desprotege los derechos de los abonados al no fiscalizar la calidad de los festejos ni congelar el precio de las entradas. Con las ofertas ya sobre la mesa de contratación, el destino inmediato del Pilar queda en manos de unos despachos que priorizan el rendimiento económico por encima de la excelencia artística de la Fiesta.