Están en medio del fuego cruzado entre la Administración y los sindicatos docentes. Ante la previsión de un último trimestre de curso convulso por paros convocados por el profesorado en demanda de mejoras laborales, las familias de varias comunidades autónomas han decidido alzar la voz porque consideran a sus hijos «rehenes». En Cataluña y Valencia, las aguas están especialmente agitadas. En la primera comunidad, el departamento de Educación, que dirige Esther Niubó , cerró en marzo un acuerdo con los sindicatos CC. OO. y UGT para desencallar la situación. El pacto contempla mejoras laborales para el colectivo, reducción de las ratios y más personal para atender al alumnado con necesidades educativas, pero las centrales mayoritarias en el sector (Ustec-Stes, CGT, Aspepc e Intersindical) no lo secundan porque lo consideran insuficiente. Ante ello, han optado por la movilización casi permanente en plena recta final de curso. Las huelgas, un total de 16 concentradas en cinco semanas con tres paros unitarios incluidos, coinciden con un clima de creciente malestar en el sector por el plan piloto del Govern de desplegar agentes de los Mossos d'Esquadra en centros educativos para prevenir conflictos, y con la polémica desatada por la infiltración policial en una asamblea docente. Ayer, docentes de toda Cataluña (un 31,97%, según la Generalitat, y un 70%, según los sindicatos) secundaron el primer paro unitario que arrancó con cortes de tráfico en las principales vías catalanas y culminó con una masiva manifestación por el centro de la ciudad que reunió a unas 26.000 personas. En paralelo al calendario de movilizaciones del profesorado, que arrancaron el miércoles 6 de mayo, los padres de varios centros educativos han alzado la voz para exigir que las protestas de este colectivo no impacten en los resultados de sus hijos en plena recta final de curso. «No somos vuestro escudo», coreaban los alumnos del instituto Narcís Oller de Valls (Tarragona) a finales de abril en un plante multitudinario en el que expresaron su rechazo contundente a la situación provocada en las aulas por las movilizaciones docentes. «Somos conscientes de la necesidad de esta lucha, pero es una decisión que afecta principalmente a los estudiantes, mientras que tiene una repercusión limitada en la Administración responsable», señalaron los alumnos de este instituto en un comunicado en las redes. Jordi Flores , vocal del AFA del centro advierte sobre los riesgos de esta situación. «No podemos permitir que nuestros hijos salgan perjudicados de esta huelga de celo», asegura. Los padres de este centro protestan por la decisión del centro de suspender la fiesta de graduación y de varias salidas y actividades extraescolares como medida de presión. «Son nuestros hijos a los que les roban los recuerdos sobre estas experiencias», señalan padres de este centro. Desde el sindicato de secundaria Aspepc , replican a las familias y les invitan a que redirijan sus protestas hacia el Departamento de Educación y no hacia los docentes. Que la oleada de huelgas educativas en el último tramo del curso no ha caído muy bien entre los padres se aprecia a primera vista en las puertas de colegios e institutos. Ayer, en plena movilización del profesorado, a la salida de una escuela pública del Eixample de Barcelona, en los corrillos de las familias era uno de los temas de conversación. Albert, con dos niñas escolarizadas en cuarto y sexto de primaria, defiende el derecho del colectivo de profesores a hacer huelga, pero cuestiona que se tome a los escolares como «rehenes». «Sobre el papel todos simpatizamos con las reivindicaciones de los maestros, y entendemos que pidan mejores salarios, pero en general se tiene la percepción de que no son un colectivo más maltratado que otros. Su lucha no puede cargarse sobre nuestros hijos», expone Albert S. P. «El problema con los profesores es que mezclan sus legítimas reivindicaciones salariales o de trabajar menos horas con el discurso de una mejor educación, y a veces eso es contradictorio», añade en este caso Marta, una madre que se indigna cuando recuerda que en la escuela pública catalana, por ejemplo, hay una hora menos de clase diaria con respecto a la concertada. En otra escuela del Ensanche, Isabel B. avanza a ABC que está dispuesta, junto a otras familias, a pedir explicaciones a la Consejería por el anuncio de los profesores de que las notas de este último trimestre «no serán comentadas por el profesor». «Nos han dicho que solo habrá la calificación, pero sin explicaciones, y creo que eso no pueden hacerlo, no es legal», señala la madre en declaraciones a ABC. En la Comunidad Valenciana el ambiente está también caldeado. El profesorado no universitario inició el lunes una huelga indefinida que pone en jaque el final del curso escolar. La mitad de los alrededor de 80.000 docentes se sumaron a un paro histórico en la primera jornada, según los datos oficiales, aunque los sindicatos elevaron esa cifra al 90%. La Generalitat ha llamado a los sindicatos a volver a sentarse a negociar, aunque no se espera un acuerdo inminente. La última propuesta presentada por el Gobierno autonómico, que apuntaba a incrementar progresivamente -en tres años- el salario de los docentes hasta sumar 1.050 euros anuales más, no les convenció. Los servicios mínimos avalados por el TSJ de la Comunidad Valenciana contemplan que todos los profesores de segundo de Bachillerato, el curso que más preocupa porque los alumnos se enfrentan a las pruebas de acceso a la universidad en junio, están obligados a asistir a las evaluaciones finales. Entre las familias, posturas encontradas. Si bien los colectivos mayoritarios respaldan las exigencias de los docentes, no todos comparten la fórmula del paro indefinido por el impacto negativo que puede tener en sus hijos.
