Los principales fabricantes de dispositivos V16 en España han advertido de la situación de «incertidumbre» generada en torno al uso de la baliza V16 conectada y han reclamado a las instituciones mayor claridad normativa, campañas informativas y una despolitización de esta medida de seguridad vial. En un manifiesto conjunto, las empresas Netun Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo, que integran el Grupo de Trabajo Sector V16 Conectada, han expresado su preocupación por el contexto actual de «desinformación» y «falta de claridad para el ciudadano» que, según señalan, está dificultando que millones de conductores comprendan sus obligaciones y sepan cómo actuar correctamente en caso de emergencia en carretera. El sector denuncia que esta falta de claridad no solo afecta a la seguridad vial y a la protección del consumidor, sino también a una industria nacional que ha realizado importantes inversiones en innovación, producción y desarrollo tecnológico bajo un marco normativo definido. En este sentido, subrayan que preservar la confianza en dicho marco es clave para garantizar la seguridad jurídica y la competitividad. Los fabricantes aseguran que, pese a la obligatoriedad de portar una baliza V16 conectada desde el pasado 1 de enero, más de la mitad del parque móvil español podría encontrarse en situación de incumplimiento sin ser consciente de ello. Según indican, diversos estudios apuntan a que muchos conductores desconocen qué dispositivos son válidos , cómo deben utilizarlos o qué exige exactamente la normativa vigente. Asimismo, advierten de que la falta de información y el uso incorrecto de estos dispositivos podrían estar contribuyendo a situaciones de riesgo en carretera, «incrementando la probabilidad de siniestros y agravando los datos de usuarios fallecidos o lesionados por atropello». En el manifiesto, el sector también rechaza la politización de la baliza V16 conectada, recordando que se trata de una medida desarrollada a lo largo de varios años y respaldada por el Parlamento Europeo, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. «Transformar una medida diseñada para salvar vidas en un elemento de confrontación política resulta irresponsable. La seguridad de los ciudadanos no puede estar sujeta a intereses partidistas ni a debates que distorsionen su finalidad», sostienen. Por otro lado, critican la confusión generada en torno a las posibles sanciones por no portar este dispositivo, tras diversas declaraciones públicas e interpretaciones contradictorias. A su juicio, esta situación debilita la percepción de obligatoriedad y puede llevar a decisiones erróneas por parte de los conductores. Ante este escenario, los fabricantes reclaman campañas de información «rigurosas, claras y sostenidas en el tiempo», un compromiso institucional firme y despolitizado, así como una comunicación normativa homogénea que permita a los ciudadanos conocer con certeza sus obligaciones.
