En un nuevo ejercicio de arbitrariedad partidista, el Gobierno ha concedido el indulto a seis delincuentes que, bajo la excusa de una reivindicación 'sindical', destrozaron la vida empresarial y personal de un pastelero de Gijón, dueño de La Suiza, acusado en falso de abusar laboral y sexualmente de una empleada. Tanto esta como el resto de acusados fueron condenados en las tres instancias judiciales –juzgado de lo Penal, Audiencia Provincial y Sala Segunda del Tribunal Supremo– a penas de prisión que, salvo en un caso, sumaban tres años y medio, además de tener que pagar indemnizaciones por el cierre del local y los daños psicológicos al empresario y a su familia. La propaganda de la izquierda bautizó a los delincuentes como 'Las 6 de La Suiza', prosa guerracivilista para quienes, en resumidas cuentas, no practicaron otra cosa que el matonismo para que el empresario pagara a la empleada unas indemnizaciones a las que no tenía derecho y retirase las denuncias penales contra sus acosadores. No había nada de reivindicación legítima, menos aún de lo que la inefable vicepresidenta ausente, Yolanda Díaz, calificó como defensa «a una compañera en un caso de acoso sexual y laboral». Finalmente, los denunciados fueron condenados por delitos de coacciones graves continuadas y contra la Administración de Justicia, incluyendo la responsabilidad civil subsidiaria del sindicato Confederación Nacional del Trabajo, al que pertenecían algunos de los acusados. Hay que leer las tres sentencias de condena para medir en su justa dimensión el calvario que los matones de La Suiza hicieron pasar al empresario y su familia, quienes, al no ceder al chantaje, fueron víctimas de un plan sistemático de acoso y difamación, al que contribuyó la negligente vicepresidenta Díaz. El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, ha visto unas ignotas «razones de justicia y de equidad» para indultar a los condenados sus penas de prisión. Los seis indultos concedidos son una ofensa a los principios del Estado de derecho y de la soberanía de los tribunales en la administración de Justicia. Además, no son indultos individualizados, porque aplican una excusa común para los seis condenados, sin entrar en valoraciones personales, y carecen de motivación, porque no se explican las «razones de justicia y equidad» que amparan a los delincuentes. Se trata, como en el caso de los indultos a los dirigentes independentistas catalanes, de un uso ilegítimo del indulto, transformado en antídoto de unas sentencias firmes que deben ser cumplidas en sus propios términos y no distorsionadas por intereses partidistas. Porque estas medidas de gracia realmente indultan por ideología, no por razones de 'justicia y equidad', bajo la arrogante premisa de que la izquierda siempre tiene una razón moral superior que justifica incluso sus delitos. Es una versión absolutoria del derecho penal de autor, esa aberración jurídica según la cual la persona merece ser castigada (o absuelta) por lo que es, no por lo que hace. La indignación del empresario, expuesta en la entrevista que este martes publica ABC , está más que justificada, y lo que sería 'justo y equitativo' es que el Tribunal Supremo revocara estos indultos y obligara al Gobierno a retratarse con un motivación clara de las causas por las que indulta el matonismo sindical.
