El debate social y la sensación de fracaso colectivo que ha dejado el caso de Noelia Castillo , la joven de 25 años que recibió la eutanasia el pasado jueves, alcanza de lleno al legislador. La ley impulsada por el PSOE se aprobó definitivamente en 2021, cuando todavía la pandemia del covid azotaba al mundo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la celebró como una «gran conquista social». En aquel momento España se convirtió en el quinto país del mundo que la regulaba. Tuvo 202 votos a favor y el rechazo total de PP, Vox y UPN. Los populares avisaron entonces a los socialistas de que actuaban «como activistas y no como legisladores» con la mente puesta exclusivamente «en la consecución de un nuevo derecho». El debate transcurrió desde el principio entre fuertes reproches de la oposición, que alertó - en el Congreso y el Senado- de que la norma contenía muchas rendijas que podrían tener graves consecuencias y abrir la puerta a casos como el de Noelia. El diputado del PP, José Ignacio Echániz, insistió desde la tribuna de oradores en que la ley era «un paradigma de cómo no debe legislarse nunca», en alusión a la rápida tramitación a pesar de ser uno de los temas más sensibles que había afrontado nunca el Congreso en nuestro país, criticando al Gobierno por evitar informes de organizaciones sociales, médicas, profesionales, bioéticas o de discapacidad. En ese momento Echániz recordó que la aprobación de la norma se iba a producir de «forma exprés» en mitad de una pandemia que acababa de dejar, además, miles de muertos en España, especialmente mayores. La enmienda a la totalidad que propuso el PP y cuyo espíritu siguió defendiendo hasta el final apostaba por una ley de cuidados paliativos, que es el gran déficit que el partido -hoy presidido por Alberto Núñez Feijóo, entonces todavía lo lideraba Pablo Casado- sigue señalando en la actualidad: el Estado no ofrece un sistema de cuidados paliativos que seguramente disminuiría el número de personas que terminan solicitando la eutanasia. De hecho, el PP recriminó a los socialistas no incluir como requisito previo para acceder a la muerte asistida, precisamente, haber recibido cuidados paliativos y atención psicoterapéutica. La norma estableció que para solicitar la eutanasia, el afectado debía «sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que le causara un «sufrimiento intolerable». El senador del PP, Antonio Román, durante su intervención en la Cámara Alta advirtió de la «brecha» que implicaba esas condiciones, ya que que se podría «colar» cualquier padecimiento crónico. «Podemos ver que el niño o el mayor sean invitados a solicitar la eutanasia. Tal y como está redactada, personas que sufran patologías crónicas como puede ser una insuficiencia cardiaca, el Alzheimer o una depresión con sufrimiento pueden ser víctimas» de muerte prematura con eutanasia, llegó a explicar. El caso de Noelia, que ha sacudido el debate en España , está muy relacionado con una vida, la que tuvo la joven barcelonesa, llena de desgracias y desamparo; siendo una persona muy vulnerable desde niña y que encadenó episodios traumáticos sin encontrar respuesta en el sistema. El intento de suicidio tras sufrir una agresión sexual -que la postró en una silla de ruedas- es otro de los supuestos que se abordaron en el debate legislativo hace cinco años. De hecho, el PP incidió mucho en que era un error la ausencia de profesionales de la psiquiatría en el proceso de la eutanasia, durante el diagnóstico y el tratamiento, exactamente igual que se hace en la prevención del suicidio. «Aquí no se ofrecen alternativas posibles de tratamiento psicoterapéutico. ¿Por qué han excluido a los psiquiatras en el proceso de los pacientes que quieren acabar con la vida?», se preguntó el senador popular. También su compañero en la Cámara Baja, el diputado Echániz, incluyó una reflexión similar en su última intervención, antes de que votara la ley: «¿Se quedan tranquilos cuando la Sociedad Española de Psiquiatría dice que es imprescindible que haya una valoración psiquiátrica previa?», inquirió a la bancada socialista durante la discusión parlamentaria. En aquel debate final aparecieron advertencias sobre casos que estuvieran relacionados con la salud mental y a los que la ley abría la puerta: «La eutanasia no se solicita desde la autonomía o la decisión libre, sino desde la dependencia, la fragilidad, vulnerabilidad, enfermedad o depresión; desde la falta de lucidez. La presencia de trastornos mentales es por sí misma un motivo de sufrimiento subjetivo insoportable que hace a veces solicitar la ayuda para morir. Pero cuando son tratadas estas personas, el deseo de morir desaparece ». En su último mensaje el diputado del PP hizo una prevención que estos días ha vuelto a agitar el debate nacional y ético: «Si aprueban esta ley se producirán graves consecuencias familiares, sociales, médicas y éticas. Se producirá un efecto dominó porque siempre habrá un siguiente paso; de los terminales a los crónicos; de ahí a los dependientes, discapacitados, a los enfermos mentales, a las personas cansadas de vivir, incluso a los niños».
