El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha celebrado la reciente resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Presidencia y Justicia, que confirma la decisión de suspender la asignación de un número de registro de alquiler turístico de corta duración en Sevilla capital , dada la prohibición de usos turísticos acordada previamente en el seno de la comunidad de propietarios. Este caso, publicado por este periódico, refleja además según reflexiona el gerente del Colegio de Administradores de Sevilla, Miguel Ángel López de la Viña, una «evidente mala fe» por parte del promotor del piso turístico. Y es que el mismo acometió la inscripción de la vivienda en el Registro de Turismo de Andalucía el 20 de junio de 2024, después de que en mayo la junta de propietarios, en una sesión a la asistió el solicitante del número de registro de alquiler turístico, hubiese acordado «la prohibición de alquiler de las viviendas y apartamentos para uso turístico», siendo inscrita la modificación de sus estatutos con fecha 30 de julio de 2025. «De lo expuesto resulta que el acuerdo de la comunidad es de fecha anterior a la obtención de la resolución administrativa de inscripción en el registro de turismo», exponía la registradora de la propiedad número once de Sevilla, que esgrimiendo el Real Decreto 1312/2024 de Registro Único de Arrendamientos, con especial incidencia en los alquileres de corta duración; zanjaba que «existiendo prohibición estatutaria, no es posible la asignación del número de registro de alquiler para uso turístico. Y la Dirección de Seguridad Jurídica del Ministerio de Presidencia y Justicia ha dado la razón a la registradora y por ende a la comunidad de propietarios, desestimando el recurso del promotor del uso turístico para su vivienda, porque como figura en la resolución, «la eficacia del acuerdo adoptado por la comunidad, de la que el recurrente ya era partícipe, como resulta de la propia certificación, que refleja su oposición al acuerdo en concepto de propietario, surte plenos efectos para él bien desde la fecha de adopción del mismo el 23 de mayo de 2024, bien desde la notificación posterior del acta de dicho acuerdo». El gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla señala así este «intento de engaño» del promotor de la vivienda de uso turístico , precisando eso sí que este tipo de maniobras «no son habituales». Mientras este caso se remonta a mediados de 2024, Miguel Ángel López de la Viña explica que actualmente, las comunidades de propietarios gozan de «mayor protección» a la hora de afrontar el fenómeno de la proliferación de las viviendas dedicadas a la actividad turística. Señala especialmente la modificación de 2025 de la Ley de Propiedad Horizontal, gracias a la cual la instalación de viviendas de uso turístico requiere del acuerdo expreso por parte de la comunidad de propietarios, sin necesidad de que se modifique el título constitutivo o los estatutos, como ocurría hasta entonces. Al respecto, recuerda con especial énfasis que actualmente, gracias a dicha modificación legislativa, si un propietario alquila su vivienda para uso turístico sin el consentimiento previo de la comunidad, incumpliendo así la nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal; el acuerdo de la comunidad puede obligarle a «cesar la actividad» inmediatamente. «Eso supone una gran protección, porque antes era más complicado al ser necesario acreditar fehacientemente» un perjuicio a la comunidad, mientras ahora la obligación de cese puede ser instada directamente por la ausencia de autorización expresa por parte de la comunidad de propietarios del inmueble, puntualiza. El pasado verano, por cierto, la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia emitía un comunicado, especificando las diferencias entre los modelos de hospedaje. Al respecto, detallaba que l os apartamentos turísticos «existen desde hace más de cinco décadas y están regularizados desde entonces» como inmuebles completos íntegramente dedicados al alojamiento turístico. La entidad los desligaba de las viviendas de uso turístico (VUT) promovidas individualmente en comunidades donde residen vecinos convencionales, con la consiguiente posible colisión de intereses.
