Ingeniería igualitaria en el cine español

La política de subvenciones culturales se ha convertido en un campo de experimentación ideológica cuyo alcance trasciende el ámbito cultural para adentrarse en cuestiones esenciales del funcionamiento institucional. Bajo la dirección de Ernest Urtasun , el Ministerio de Cultura ha articulado un modelo de ayudas en el que el género no solo es un criterio relevante, sino en muchos casos determinante para el acceso a fondos públicos. La incorporación de reservas presupuestarias, sistemas de puntuación diferenciados y criterios de desempate vinculados al sexo de los profesionales ha alterado sustancialmente las reglas de competencia en el sector audiovisual. Lo que se presenta como una política de igualdad efectiva plantea, sin embargo, interrogantes de fondo sobre equidad, eficiencia y legalidad. Los datos son elocuentes. En las ayudas selectivas a largometrajes, el 40 por ciento del presupuesto queda reservado a proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres. A ello se suman puntos adicionales por la presencia femenina en puestos clave como dirección, guion o producción. En un sistema donde las ayudas se deciden por décimas, estas ventajas resultan determinantes. Este diseño no se limita a corregir desequilibrios históricos, sino que introduce una discriminación estructural que condiciona las decisiones creativas y empresariales. Los equipos dejan de configurarse exclusivamente por criterios de talento o experiencia para adaptarse a baremos administrativos. El resultado es una distorsión del principio de mérito que debería regir el uso de recursos públicos. Las consecuencias ya han empezado a aflorar. Profesionales del sector denuncian prácticas irregulares derivadas de estos incentivos, como la atribución formal de responsabilidades a mujeres que no han desempeñado realmente esas funciones o la renuncia de varones a firmar trabajos para no penalizar la puntuación. La aparición de este 'mercado negro' evidencia los efectos perversos de una regulación mal diseñada. El solitario testimonio del cineasta Juanma Bajo Ulloa refleja un malestar creciente en el sector que, sin embargo, nadie más se ha atrevido a mencionar. Su denuncia apunta a un problema de fondo: cuando la política cultural se orienta por criterios ideológicos, corre el riesgo de sacrificar la calidad y la libertad creativa. Es esa falsa lealtad ideológica unida a la hipocresía la que está amparando esta situación fraudulenta. Desde una perspectiva institucional, la cuestión es aún más delicada. El uso de fondos públicos exige respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. La introducción de ventajas sistemáticas en función del sexo plantea dudas sobre la equidad del modelo y su adecuación a esos principios. La igualdad real no se construye mediante privilegios administrativos, sino garantizando condiciones de competencia justas. Corregir desigualdades es legítimo, pero no a costa de generar nuevas discriminaciones ni de erosionar la confianza en el sistema. Resulta imprescindible revisar estos mecanismos patrocinados por Urtasun, reforzar la transparencia y devolver al mérito su papel central en la política cultural.