El Gobierno ha dejado a España fuera del grupo de países firmantes de la declaración conjunta sobre el estrecho de Ormuz , suscrita por el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón. Que la intervención en Irán pueda calificarse de precipitada, carente de una estrategia clara de salida y, en conjunto, poco reflexiva no resta gravedad ni imprudencia a la posición de Pedro Sánchez. Al contrario, pone aún más en evidencia una respuesta que, bajo el lema del 'No a la guerra', se revela irresponsable, partidista y contraria a los intereses de España. Otros dirigentes han sabido mantener posturas críticas, o al menos distantes, respecto a la estrategia de Donald Trump, pero sin incurrir en gestos estridentes ni comprometer la posición internacional de sus respectivos países. Frente a esa prudencia, el Ejecutivo español ha optado por un enfrentamiento frontal, innecesario y arriesgado. En lugar de resguardarse con discreción, bajo el paraguas de socios más influyentes y con mayor capacidad de interlocución, Sánchez ha preferido una exposición que debilita el peso de España en un contexto geopolítico especialmente delicado. Esta estrategia pone en riesgo los intereses de nuestro país –económicos, militares, estratégicos y de inteligencia–, así como la seguridad de ciudadanos y empresas, a cambio de una maniobra de evidente cálculo electoral. Además, pone a España en una posición incómoda, alejándola de sus aliados naturales y acercándola, siquiera en el plano retórico, a regímenes como el de Teherán o a organizaciones cuya trayectoria violenta resulta incompatible con los valores democráticos que España dice defender. No se trata, en este caso, de una convicción ética, sino de una política exterior guiada por la urgencia demoscópica. En un terreno tan complejo como el internacional, donde la prudencia, la coherencia y la sutileza son imprescindibles, el Gobierno ha optado por la brocha gorda de las encuestas y por la simplificación de consignas. El 'No a la guerra' de Sánchez no responde a una reflexión estratégica de Estado, sino a una operación electoral, tan burda que entra en contradicción con el aumento de la partida militar –2.300 millones de euros más– con que España incrementa el gasto en defensa para cumplir sus compromisos con la OTAN. Se trata de un intento de reeditar, sin éxito, el clima de movilización que acompañó a las protestas contra la guerra de Irak, entonces impulsadas para derribar el gobierno de Aznar. Hoy, sin embargo, las cifras de participación evidencian la falta de eco social de aquella fórmula trasnochada. Lo que está en juego no es el derecho internacional ni el bienestar del pueblo iraní, sino la necesidad del presidente de reforzar su posición en la izquierda y tratar de revertir unas encuestas desfavorables. Convertir la política exterior en un instrumento de supervivencia interna constituye una grave irresponsabilidad que erosiona la credibilidad exterior de España. Los intereses de una nación no pueden subordinarse a los de un partido ni a los de un líder en dificultades. La democracia exige dirigentes que actúen con sentido de Estado, no que utilicen un conflicto internacional como cortina de humo para ocultar su debilidad, la corrupción o la incapacidad de articular una mayoría estable. Ese es el rédito inmediato del 'No a la guerra' electoral de Sánchez. Su coste, en cambio, lo asumen todos los españoles.
