Según la tradición clásica, relatada por Virgilio en el Libro II de la 'Eneida', los griegos dejaron frente a las murallas de Troya un gran caballo de madera. A pesar de las advertencias –«Timeo danaos et dona ferentes»–, los troyanos lo introdujeron en la ciudad. Aquella noche, del interior salieron los soldados ocultos y Troya fue destruida no por la fuerza exterior, sino por una decisión interna mal calibrada. En el XXXV Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado en octubre de 2025, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, expuso una propuesta para avanzar hacia un modelo de gestión en red del sistema tributario. El primer campo de ensayo sería la atribución a las comunidades autónomas de facultades de comprobación sobre las deducciones autonómicas del IRPF, presentada en términos de eficiencia administrativa y cooperación interterritorial. Es aquí donde la metáfora del caballo de Troya se convierte en advertencia técnica: una apertura operativa limitada puede acabar alterando de forma irreversible el equilibrio competencial del sistema, duplicando estructuras, personal y órganos ante los que los contribuyentes deberán relacionarse, sin beneficio aparente. El secretario de Estado invoca el nacimiento de la Autoridad Aduanera Europea (EUCA) como modelo a seguir. Pero este modelo es el opuesto al que se pretende implantar. La EUCA centraliza datos, riesgos y coordinación, pero no asume competencias ejecutivas directas de los Estados miembros. Refuerza la unidad operativa mediante la centralización de información, sin fragmentar la titularidad ni el ejercicio de las competencias. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha desarrollado sus funciones de forma unitaria y centralizada, garantizando un ejercicio homogéneo de las competencias y economías de escala propias de un único operador administrativo. Sustituir este esquema por una gestión en red implica pasar de un interlocutor único a un modelo fragmentado entre diecisiete administraciones, con duplicación de estructuras y dispersión de criterios. La estadísticas oficiales del Modelo 100 del IRPF (ejercicio 2023) revelan la irrelevancia de las deducciones autonómicas: apenas el 1,57 por ciento de la cuota autonómica total (944,3 millones sobre 60.198,6 millones). La dispersión es extrema: la intensidad oscila entre el 8,84 por ciento de Canarias y el 0,31 de Cataluña. En Canarias, la deducción media alcanza 276 euros por declaración; en Aragón y Cataluña no supera los 13 y 17 euros. En territorios donde la deducción media no supera los 15 o 20 euros y la intensidad es inferior al 0,5 por ciento, la apertura de procedimientos de comprobación tendría una eficacia recaudatoria marginal, difícilmente justificable frente a los costes administrativos. Pero el problema no es solo cuantitativo. Esta habilitación supondría el fraccionamiento funcional de la AEAT, al introducir circuitos paralelos de gestión y control sobre un mismo impuesto estatal, habilitando nuevas administraciones con las que relacionarse y abriendo un precedente institucional de enorme trascendencia. Una vez abiertas estas competencias, resultaría inevitable avanzar hacia la verificación de la residencia fiscal efectiva, con el consiguiente riesgo de conflictos interterritoriales. La fortaleza histórica de la AEAT ha residido en su unidad funcional, en la existencia de un interlocutor único y en la homogeneidad de sus procedimientos. Fragmentar ese modelo, aunque sea parcial, supone asumir un riesgo innecesario para la seguridad jurídica, para la igualdad en la aplicación del tributo y para la estabilidad del sistema fiscal común. Si el caballo de Troya enseña algo útil para el diseño institucional es que no todas las reformas que prometen eficiencia fortalecen el sistema que las adopta. Algunas, por introducirse desde dentro, terminan debilitándolo. Y en materia tributaria, no hay mayor error que confundir modernización con descomposición.
