La juez del caso Pineda ya apuntaba en uno de sus autos que, de las diligencias practicadas hasta la fecha por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se deduce que «es posible» que hubiera tráfico de influencias por parte del exconcejal socialista «para la efectiva adjudicación de la parcela» de Emvisesa en el Higuerón, obteniendo uno de los funcionarios responsables de la gestión de inmuebles por parte del Ayuntamiento 78.650 euros. Y añadía que era necesario examinar «íntegramente» el expediente de subasta, al salir «a subasta la parcela por un precio muy inferior al del mercado». Pues bien, en nuevo auto de fecha de 18 de febrero, es decir, del pasado miércoles, expone que este empleado municipal, que era jefe de Terciarios de la empresa pública de vivienda, facilitó « información privilegiada » a Olga Pérez, esposa del que fuera jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno hasta el pasado verano. Así se recoge en el auto al que ha tenido acceso ABC y en el que se ordenaba la libertad provisional, con la medida preventiva del embargo de cuentas y patrimonio, para Rafael Pineda, su mujer, el exjefe de Emvisesa D. M. L. y dos socios de Pérez, J. L. G. C. y J. G. A. L. En el mismo se describe la actuación de este empleado municipal desde que se inició el procedimiento de arrendamiento de dicho solar en el verano de 2016. comunicando a uno de los socios de Olga Pérez investigado la publicación de la licitación. Este empleado de Emvisesa era el encargado de la valoración de la documentación presentada en el proceso de adjudicación, al que sólo se presentó Olga Pérez, odontóloga de profesión. Emitió su correspondiente informe el 17 de diciembre. Pineda fue concejal del gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín y gerente de Lipasam, cargos éstos que resalta la Guardia Civil para describir su influencia o contactos en la administración municipal. La juez apunta en su auto que Olga Pérez sabía que iba a ser adjudicataria con anterioridad a que fuera aprobada dicha concesión, por lo que tenía «información privilegiada». Pero la labor del empleado de Emvisesa no se circunscribe únicamente al procedimiento de alquiler, pues en el proceso de enajenación de 2025, que también fue consiguió la sociedad de Pérez, la única que participó en el mismo, también colaboró con Pineda y el resto de implicados, presuntamente. Uno de los socios de Pérez le remitió un correo de agradecimiento por su papel para 'arreglar' este pelotazo urbanístico , aunque D. M. L. fue «borrando» los correos que pudieran comprometerle en relación con las dos operaciones. Del reparto de los 2,2 millones de beneficio de la venta de la parcela a principios de 2025, el empleado de Emvisesa se llevó, a través de una sociedad propia, unos 80.000 euros , según la juez, que ha ordenado bloquear sus cuentas y propiedades para garantizar la responsabilidad civil derivada de una posible condena.
