Pablo Enrique Rodríguez Pérez ingresó en la Policía Municipal de Madrid hace 40 años. Ya con 60 y opción a jubilarse, su nombre ha venido saltando de polémica en polémica en los últimos años, sobre todo a raíz de que se conociera un incidente del 28 de abril, durante el gran apagón: el atropello a una niña en el coche en el que viajaba el día del apagón, conducido por su chófer, un inspector de su confianza. El asunto, al final, quedó en nada, al no denunciar la familia. Pero sentó mal, en el entorno de la vicealcaldesa y jefa del área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que no la informara de nada en el momento. La relación entre ambos nunca ha sido especialmente buena. Y ha cristalizado este jueves en la Junta de Gobierno, que lo ha destituido como director general de la Policía Municipal y nombrado al ingeniero de Caminos Antonio Domingo Ayuso para el cargo. «Es una persona que está ya en el equipo como subdirector dependiendo de la Coordinación de Seguridad y Emergencias», ha especificado la número dos de Cibeles. En la práctica, se pone a un civil de su confianza máxima al frente de un Cuerpo de más de 8.000 agentes. El anuncio se produce el mismo día que ABC publicaba la condena contra el Ayuntamiento de Madrid por ocultar los criterios de corrección en oposiciones al Cuerpo. Pero Pablo Enrique tenía a muchos enemigos esperándole y su oscurantismo en el proceso de selección para aspirantes a inspectores e intendentes (actuales comisarios), que ha firmado ya incontables capítulos judiciales y que sigue adelante, lo ha apartado más aún de quienes tenían depositada en él su confianza. Con el actual comisario general, Oskar de Santos, tampoco era buena la relación: «Como ambos son policías, Pablo se metía demasiado en la parte operativa, que es la que lleva Oskar, quien pedía más autonomía en su labor», explican en el círculo cercano de ambos. En mayo de 2023, cuando Almeida revalidó la alcaldía con mayoría absoluta, Rodríguez aspiraba a ser nombrado coordinador general del área municipal, el número dos en la práctica, pero Sanz no lo permitió. Las grieta se iban agrandando entre ambos y el divorcio total apareció con algo que podría haberse quedado en anécdota: intentar tapar el atropello, aunque leve y accidental, de una menor. Pablo Enrique les invitaba así a un festín a mesa puesta a todos, también a los sindicatos, que le tenían en el punto de mira por el asunto del supuesto pucherazo en las oposiciones. Su futuro en el cargo de director general no era una incógnita, solo cuestión de tiempo. En mayo, tras el escándalo del arrollamiento, se daba por hecha su destitución. Lejos queda, no tanto en el tiempo sino en la percepción, cuando su nombre se manejaba hace lustros como uno de los aspirantes a ocupar un alto puesto. A ello ayudó el trabajo tan polémico y político perpetrado por su antecesor, el también policía Andrés Serrano (militante de Podemos), de la mano de Manuela Carmena. De hecho, hay quien señala que su firma y la de uno de sus colaboradores más estrechos, un sindicalista de CC. OO., están detrás de la filtración del atropello en el paseo de Extremadura y de su amplificación más allá de un hecho puntual. Así, en el bingo de nombramientos se le mencionaba desde como jefe de la Policía Local (comisario general) a lo que acabó siendo: director general, un puesto de confianza política más que de gestión operativa. En el seno de la institución, como en casi todas las esferas de poder, hay desde siempre distintas almas o familias. Rodríguez ha estado vinculado siempre a la más conservadora o próxima al Partido Popular, de ahí que su nombramiento, con un sueldo anual de más de 100.000 euros, no causara sorpresa en estos círculos. Tampoco su despido.
