No hay socio más fiel para Sánchez que Otegi, aquel que fuera condenado varias veces por terrorismo y quien sigue sin pedir perdón por todas y cada una de las víctimas de su organización criminal. El desparpajo de Otegi le llevó a afirmar ante un grupo de militantes, en 2021, que «si para sacar a los 200 presos hay que votar los Presupuestos, pues votamos» . La franqueza del extorsionador tuvo su respuesta en la generosidad del extorsionado y lo que parecía, en principio, un ejercicio de coacción política ha devenido en una amistad de intereses recíprocos entre Sánchez y Otegi, sin atisbo de forzamiento. Se entienden y se fían uno del otro, lo que Sánchez no puede decir de ningún otro socio de izquierda. El precio de los votos se está pagando puntualmente, no solo con presos, también con la legitimación política de EH Bildu, con el olvido oficial a las víctimas de ETA y con el acceso a instituciones marcadamente anheladas por el anexionismo aberzale, como el Ayuntamiento de Pamplona. Pero, de todas estas contraprestaciones del Gobierno de Sánchez, la más preciada es la excarcelación anticipada de presos. La salida de los terroristas encarcelados representa para EH Bildu algo así como un intercambio entre partes iguales, un reconocimiento implícito de la legitimidad de su terrorismo que permite al Gobierno de Sánchez el desahogo moral necesario para pactar con quienes hoy siguen homenajeando a asesinos. De aquellos 200 presos de los que hablaba Otegi en 2021, hoy solo son 57 los que no gozan aún de terceros grados o del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, auténtico atajo para evadir las condiciones legales para la progresión de grado. La normativa penitenciaria prevé, en efecto, las progresiones de grado y la concesión de tratamientos específicos al amparo de ese artículo, pero no hay que observar con ingenuidad la situación actual, porque responde a la manipulación política de un instrumento legítimo de resocialización de delincuentes. La táctica fue tan sencilla como denunciada: el Gobierno traspasó las competencias de política penitenciaria al País Vasco y el gobierno de Pradales, complaciente como siempre con la izquierda aberzale, y con el liderazgo de la consejera socialista de Justicia, María Jesús San José, está ejecutando disciplinadamente las directrices del «presos por votos». De nuevo, también el PNV recoge nueces. Uno de los varios agraciados por este truco legal es el sanguinario Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', al que se le atribuyen casi una veintena de asesinatos. En el pasado abril se le aplicó el 100.2, entre la indignación de las víctimas. La lista integra a lo más significado de la historia criminal de ETA, como los asesinos de Gregorio Ordóñez, o el recién premiado Txeroki, jefe de ETA hasta 2008, condenado a más de 400 años de cárcel por varios asesinatos y otros delitos. No se trata de rechazar la concesión de estas medidas, cuando realmente el reo se hace acreedor de ellas, según los informes de los expertos penitenciarios que lo evalúen individualmente y durante un largo período de tiempo. Lo que no es admisible es que se apliquen de manera colectiva, porque repugna a su propia finalidad de resocialización del preso, considerado en sí mismo, y porque las decisiones que se están tomando supuran oportunismo político y una total ausencia de empatía por las víctimas. ●●
