Durante años, la izquierda política y el Gobierno han tratado de imponer el relato de que ETA es un capítulo cerrado de la historia de España, una anomalía superada que pertenece al pasado. Sin embargo, la realidad desmiente esa ficción interesada. A cada paso, la izquierda aberzale recuerda que no ha roto con la cultura de la intimidación ni con la coacción como uso político, y que su renuncia a la violencia fue instrumental. Lo ocurrido esta semana, y sufrido en primera persona por ABC, demuestra que el matonismo sigue siendo una seña de identidad de ese mundo, hoy protegido por la complicidad política de quienes gobiernan España. El que fuera jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu , condenado a 400 años de prisión por sus múltiples crímenes, disfruta de un régimen de semilibertad concedido por las autoridades penitenciarias vascas tras la cesión de competencias acordada entre el Gobierno de Sánchez y sus socios parlamentarios a cambio del apoyo de Bildu a los Presupuestos. En sus salidas, Txeroki se mueve acompañado por un entorno de antiguos hampones de la banda, también condenados por terrorismo, que actúan como escolta. Entre ellos figuran individuos con un largo historial criminal como Errazkin Tellería o García Sertucha que no dudan en ejercer la amenaza, la persecución y la intimidación contra los periodistas que informan sobre la situación penitenciaria de los terroristas. Las acciones sufridas por un reportero de este diario han motivado la intervención de la Ertzaintza y la apertura de diligencias por la vía penal. No se trata de hechos anecdóticos, sino de comportamientos organizados: contravigilancias, seguimientos y maniobras de acoso destinadas a impedir el ejercicio del derecho a informar. El periodismo les molesta porque la mirada pública desmonta el relato de normalización que tratan de imponer. Conviene recordar que Aspiazu fue procesado por el intento de asesinato del entonces presidente de Vocento, Enrique Ybarra, causa de la que resultó absuelto por falta de pruebas, aunque sí fue condenado por el envío de una bomba a la periodista Marisa Guerrero. Ella misma lamentaba en ABC este fin se semana, la semilibertad absolutamente prematura de quien intentó asesinarla. La memoria de las víctimas vuelve a quedar relegada frente al interés político de Sánchez. Salvo por la ausencia aparente de armas, las prácticas del entorno etarra siguen siendo las mismas. Fuentes policiales admiten que la situación de los agentes que combaten estas coacciones es hoy más delicada que hace una década por el clima de legitimación política del mundo proetarra. Detrás de este deterioro se encuentra la estrategia del Gobierno, que ha aceptado como coste asumible la impunidad moral y social de los violentos a cambio del apoyo parlamentario de Bildu. La cesión de la política penitenciaria al País Vasco ha tenido efectos evidentes: excarcelaciones anticipadas, beneficios penitenciarios generalizados, blanqueamiento del pasado terrorista y homologación política de quienes nunca han condenado de forma inequívoca la violencia. Todo ello mientras se presenta a Bildu como un actor democrático modélico en un doloroso ejercicio de inversión moral. El contraste resulta aún más hiriente cuando el Gobierno y sus socios muestran una hipersensibilidad extrema ante supuestos peligros procedentes de la derecha, magnificando cualquier exceso verbal y construyendo un catálogo de violencias imaginarias para estigmatizar a la oposición. Frente a esa sobreactuación retórica, se acepta y se silencia la coacción real, física y organizada de quienes siguen actuando como lo que siempre fueron: matones. No por negarlo dejará de existir. Y no por pactar con ellos dejará de ser una indignidad democrática.
