Mientras millones de jubilados ven limitada su capacidad para seguir trabajando, muchos expresidentes del Gobierno inician una segunda carrera profesional. Esta diferencia de trato se ha convertido en uno de los símbolos más evidentes de la desigualdad entre la clase política y la ciudadanía. La normativa es clara para los pensionistas: quien se jubila tiene restricciones para trabajar y, en numerosos casos, puede perder parte de su pensión si decide hacerlo. El mensaje implícito es que la jubilación debe ser una retirada definitiva del mercado laboral. Sin embargo, este principio no se aplica a los expolíticos. No es raro ver cómo, meses después de abandonar sus cargos, estas figuras acceden a consejos de administración, a trabajar para gobiernos extranjeros, despachos de consultoría...A menudo, mantienen pensiones públicas vitalicias. A ello se suma un problema más delicado: el conflicto de intereses. Muchos de estos antiguos responsables acaban trabajando para empresas vinculadas a sectores que ellos mismos regularon desde el Gobierno. Aunque no siempre se pueda demostrar una ilegalidad, la sospecha es inevitable. Las llamadas 'puertas giratorias' no sólo erosionan la confianza en quienes las practican, sino también en el sistema democrático. Cuando se percibe que la política puede ser un trampolín hacia el enriquecimiento, se debilita la idea de servicio público. Y sin esa idea, la democracia pierde uno de sus pilares. Defender límites más estrictos no significa negar derechos, sino exigir coherencia. Si la mayoría de los jubilados está sometida a restricciones, resulta lógico que quienes han ocupado las más altas responsabilidades del Estado tengan, como mínimo, las mismas obligaciones. Cayetano Peláez del Rosal. Cartagena (Murcia)
