Pelea en el Parlamento turco por el nombramiento del ministro de Justicia

El nombramiento en Turquía de Akin Gurlek como nuevo ministro de Justicia ha dejado imágenes insólitas de una pelea entre los parlamentarios, que han acabado llegando a las manos. Gurlek es el fiscal jefe de Estambul y ha sido el responsable de la represión que se ha llevado sin precedentes contra el principal partido de la oposición, el CHP. Esto ha llevado a que varios diputados de esa formación se hayan congregado en torno al presidente Erdogan para tratar de bloquear el movimiento, que han calificado de «ataque al Estado de derecho». Varios legisladores de este CHP han acabado a empujones y puñetazos con compañeros del gobernante Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) que formaban un círculo en torno a Gurlek, que se encontraba leyendo su juramento, recoge Reuters. El líder del CHP, Ozgur Ozel, ha afirmado que el nombramiento era la continuación de un «intento de golpe judicial» y constituía el último paso de un grave ataque contra su partido. «No nos rendiremos... No pueden detener nuestra marcha al poder», ha afirmado en declaraciones a la prensa en una ceremonia en memoria de un exlíder del partido. Desde su nombramiento como fiscal jefe en 2024, Gurlek ha supervisado una oleada de arrestos y acusaciones contra el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Entre ellas se incluyen investigaciones contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, principal rival político de Erdogan, en prisión desde marzo del año pasado. En un escrito de acusación de 4.000 páginas presentado el pasado noviembre, Gurlek exigió una pena de prisión de más de 2.000 años para Imamoglu por presuntamente liderar una vasta red de corrupción, lo que desencadenó las mayores protestas callejeras de Turquía en una década. La primera audiencia de este caso se celebrará el próximo mes. Cientos de miembros de partidos y cargos electos han sido detenidos en la represión de Gurlek, que ha sido criticada por partidos de oposición, grupos de derecha y algunos líderes extranjeros. El Gobierno ha negado estas afirmaciones, afirmando que el Poder Judicial es independiente.