Igualdad quiere excluir de las ayudas públicas a las asociaciones no abolicionistas de la prostitución

El Ministerio de Igualdad, de corriente abiertamente abolicionista de la prostitución, sigue sin apoyos para sacar adelante su ley contra el proxenetismo . Pero el hecho de no encontrar el respaldo parlamentario, no es freno para la ministra Ana Redondo , que intenta inhibirlo por otras vías no legislativas. Así, Igualdad ha iniciado sendos procedimientos modificativos de las bases reguladoras de dos subvenciones para excluir a cualquier asociación que no se considere abolicionista. Algo que ha generado el rechazo de Sumar y de entidades feministas que defienden el reconocimiento de determinados derechos a estas mujeres. Con las nuevas condiciones planteadas, la capacidad de acceder a estos recursos públicos quedaría supeditada a que las entidades reconozcan en sus «fines» o «trayectoria» la prostitución como una «forma de violencia», además de reconocer que lo son la explotación sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas. Así está recogido en la memoria de impacto normativo que el Ministerio de Igualdad publicó en su página web. El plan de Igualdad estuvo en audiencia pública del 16 de enero al pasado lunes en su web. Allí expusieron que querían modificar los requisitos para las subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres y para las ayudas a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores de edad o con discapacidad. El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) presentó alegaciones a estos cambios porque considera que exigir que se asuma la prostitución como forma de violencia en sí misma —«cuestión no definida de forma expresa por el legislador», recuerdan—, introduce un «condicionamiento ideológico» que vulnera los principios constitucionales de «seguridad jurídica, objetividad administrativa y neutralidad ideológica». También añaden que restringe «injustificadamente» el acceso a las ayudas. Piden que la redacción no haga referencia a que la prostitución es violencia directamente, sino que maticen que se busca erradicar aquella que se produzca en «contextos de prostitución». Así, argumentan, se preserva el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres. La impugnación de CATS fue suscrita por casi 200 asociaciones feministas y personalidades. También Sumar, socio minoritario del Gobierno, registró en el Congreso una batería de preguntas para que la ministra dé explicaciones. Dicen que el requisito «discrimina por motivos de opinión» , teniendo en cuenta que reconocer como violencia contra la mujer la prostitución «no figura expresamente» en la legislación vigente como una obligación ni la ausencia de este reconocimiento constituye una ilegalidad. En este contexto de «dudas jurídicas» se podrían producir «efectos muy negativos» y reducir el número de entidades que acceden a estas subvenciones, explican desde Sumar, que añaden que expulsaría a aquellas asociaciones de trayectoria acreditada en atención a las mujeres en contextos de prostitución, trata o exclusión social que operan desde enfoques y marcos de intervención diversos. Igualdad todavía no ha respondido a las quejas de CATS ni de Sumar, pero justifica en sus documentos públicos que los cambios son para adaptarse al nuevo marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, los estándares internacionales y mejorar la eficacia de las subvenciones y la calidad de los proyectos. La complejidad del debate sobre la prostitución llega a tal punto que fragmenta al propio movimiento feminista desde hace años. Muchas organizaciones mantienen este diálogo vivo en su seno y en la práctica también estarían excluidas de estas ayudas públicas al no tener ese reconocimiento expreso. Sumar ya tumbó en el Congreso la tramitación de la ley contra el proxenetismo del PSOE anteriormente. La coalición de Díaz tampoco tiene una postura unitaria. Los comunes, sucursal catalana de Sumar, piden más protección legal para las trabajadoras sexuales. Estas diferentes sensibilidades también han enfriado la ambición abolicionista de Igualdad.