La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, será juzgada el próximo 23 de junio por llamar «corrupto» y prevaricador al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que le reclama 240.000 euros como indemnización. Fuentes jurídicas explicaron, según recogió Europa Press y confirmó ABC de fuentes jurídicas, que este martes se ha celebrado una audiencia previa en la que el asunto debía de haber quedado visto para sentencia. No ha sido así puesto que Belarra ha solicitado la testifical de García Castellón , al tiempo que ha aportado nueva prueba ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid. En concreto, indican las citadas fuentes, la dirigente morada ha entregado de forma impresa una serie de noticias, publicaciones y entrevistas del exmagistrado que han ido apareciendo desde que publicara su libro 'Habla, para que se conozca: Del caso Banesto al Procés'. En la misma línea, también han reclamado al instructor que se librara exhorto solicitando a la Audiencia Nacional que enviasen la documentación relativa a causas instruidas por García Castellón durante su etapa en el tribunal y que guardasen relación con Podemos. A pesar de la oposición de la Fiscalía, el juez ha aceptado la testifical de García Castellón, señalando el 23 de junio a las 12.00 horas como la fecha para la celebración del juicio. García Castellón demandó a Belarra por llamarle «corrupto» y prevaricador en redes sociales. En un principio solicitó a la líder de Podemos una indemnización de 120.000 euros pero posteriormente duplicó la cuantía al ampliar la demanda a raíz de que la política 'morada' se ratificó en sus declaraciones después de que el magistrado retirado emprendiera acciones judiciales. Para el antiguo instructor de la Audiencia Nacional, no cabía duda de que «las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas». Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, «aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada». Belarra, por su parte, defendió públicamente que lo pertinente sería que el Supremo desestimase la demanda porque considera que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón. La Fiscalía se posicionó junto a García Castellón al entender que los calificativos vertidos por Belarra contra el juez jubilado son «claramente ofensivos e innecesarios», si bien abogaba por rebajar la indemnización de 240.000 a 20.000 euros. El Supremo celebró una audiencia previa el pasado abril con miras a sentenciar este asunto, si bien el presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, dio 10 días a las partes para que valoraran si las manifestaciones de Belarra tuvieron lugar en calidad de diputada, en cuyo caso gozaría de la condición de aforada ante el Supremo, o en calidad de mera ciudadana, lo que habría supuesto remitir el asunto a los juzgados de lo civil. García Castellón contestó indicando que, a su juicio, el Tribunal Supremo era el tribunal competente porque las manifestaciones realizadas en su contra fueron «emitidas desde su posición institucional como representante de la soberanía nacional y con el propósito de influir en el debate público». Finalmente, el Supremo resolvió el pasado mes de junio que no era competente para dirimir esta cuestión y emplazó a García Castellón a dirigirse a los juzgados de primera instancia si así lo consideraba.
