Países Bajos ha tomado una decisión que marca un punto de inflexión en el debate energético europeo. El acuerdo de coalición del nuevo gobierno neerlandés confirma la construcción de al menos cuatro nuevos reactores nucleares, que podrán ser centrales convencionales o reactores modulares pequeños (SMRs). No se trata solo de una elección tecnológica, sino de una definición política de gran alcance: la electrificación de la economía europea solo será viable si se apoya en energía firme, competitiva y soberana. La decisión llega en un momento de profundo cambio geopolítico. El primer ministro belga, Bart De Wever, lo expresó recientemente con una crudeza poco habitual en la política europea. Europa, advertía, entra en una nueva fase estratégica en la que la energía vuelve a ser poder. Estados Unidos ya no utiliza su 'gran garrote' únicamente contra China, sino también frente a Europa, obligando al continente a replantearse su dependencia energética. En ese contexto, la renuncia europea a la energía nuclear fue, en sus palabras, 'la estupidez del siglo'. Países Bajos ha decidido actuar en consecuencia. El nuevo ejecutivo, liderado por D66 junto al VVD y el CDA , gobernará en minoría, pero con una hoja de ruta energética sorprendentemente clara. Electrificación, refuerzo de redes y energía nuclear se integran en una estrategia coherente orientada a proteger la competitividad industrial, reducir vulnerabilidades exteriores y reforzar la soberanía nacional. El acuerdo de coalición recoge un «compromiso total con la electrificación», entendida como la vía principal para descarbonizar la industria, el transporte y los usos térmicos. Sin embargo, el documento parte de un diagnóstico realista: electrificar no basta si no se dispone de un sistema eléctrico robusto, capaz de absorber la nueva demanda sin poner en riesgo el suministro ni disparar los precios. Países Bajos reconoce abiertamente uno de los grandes problemas de la transición energética: la congestión de la red eléctrica. En varias regiones, la falta de capacidad está retrasando inversiones industriales y proyectos energéticos. Para afrontarlo, el gobierno anuncia una «Ley de Crisis sobre la Congestión de la Red», destinada a acelerar permisos, simplificar trámites administrativos y permitir la intervención directa del Estado cuando los proyectos de infraestructura se bloqueen. Este enfoque contrasta con el de otros países europeos, como España, donde se impulsa la electrificación sin resolver previamente el cuello de botella de las redes. La Haya asume que sin infraestructuras eléctricas suficientes, la transición energética se convierte en un obstáculo para el crecimiento económico. El acuerdo incluye además la eliminación progresiva de los incentivos a los combustibles fósiles y medidas para reducir el coste de la electricidad, orientando así las decisiones del sector privado. Todo ello se completa con una reafirmación política clara: el yacimiento de gas de Groningen permanecerá cerrado y no se concederán nuevos permisos de extracción en el mar de Wadden. El gas deja de ser una solución estructural. Bruselas y La Haya han llegado, por caminos distintos, a las mismas conclusiones. Bélgica ha optado por prolongar la vida útil de sus reactores y reabrir el debate nuclear. Países Bajos va un paso más allá y planifica nueva capacidad. Ambos países coinciden en una premisa esencial: sin energía nuclear no hay autonomía estratégica ni transición energética creíble. El contraste con España no es técnico, sino profundamente político. Mientras países como Países Bajos y Bélgica revisan sus estrategias energéticas a la luz de la nueva realidad geopolítica, el Gobierno español mantiene un enfoque rígido y dogmático respecto a la energía nuclear. El calendario de cierre de las centrales sigue intacto, no por razones de seguridad ni de coste, sino por una decisión ideológica adoptada al margen del nuevo contexto europeo. El resultado es una política energética cada vez más contradictoria. Se clausuran centrales nucleares plenamente operativas —que aportan estabilidad al sistema, reducen emisiones y contienen los precios— mientras aumentan las importaciones de gas natural para sostener un mix eléctrico cada vez más dependiente de tecnologías intermitentes. España sustituye energía firme y autóctona por combustibles fósiles importados, con mayor exposición a la volatilidad internacional y a decisiones de terceros países. Esta deriva afecta directamente a la competitividad industrial, a la factura energética de hogares y empresas y a la autonomía estratégica del país. La decisión de Países Bajos de romper el tabú nuclear no es solo una apuesta energética: es una lección política para Europa. Y España debe decidir si quiere aprenderla o seguir aplazando un debate que cada día resulta más ineludible.
