El Gobierno de España ha iniciado los trámites para una regularización extraordinaria de personas migrantes que ya se encuentran en el país, una medida que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas en todo el territorio nacional, de las cuales miles se encuentran en Castilla-La Mancha. Una comunidad autónoma donde la falta de mano de obra en sectores esenciales como la agricultura, la hostelería, los cuidados o la construcción se ha convertido en un problema estructural. Lejos del ruido político, sindicatos, entidades sociales de la región y la propia Iglesia coinciden en un diagnóstico claro: regularizar es positivo no solo para la economía, para el sistema de pensiones, sino también para la lucha contra la explotación laboral y, sobre todo, para la dignidad humana de quienes ya viven y trabajan aquí. Para algunos colectivos de Castilla-La Mancha, esta regularización tiene una lectura especialmente relevante. La región sufre desde hace años una escasez de mano de obra en campañas agrícolas, en el sector de los cuidados, en la hostelería y en determinados oficios de la construcción. «Hay puestos que no se cubren», coinciden sindicatos y entidades sociales. Hassen Rejbi, técnico de la Secretaría de Empleo y Migraciones de CC.OO., trabaja a diario con personas migrantes, tanto regularizadas como en situación administrativa irregular. Desde su experiencia, la regularización es una herramienta imprescindible, según cuenta ABC. «Defendemos esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y dar oportunidades a miles de personas, pero también por la tranquilidad social de las futuras pensiones. Estas personas ya están aquí, ya están trabajando, pero muchas lo hacen expuestas a la explotación laboral. Regularizar es positivo por todos los lados». Rejbi quiere desmontar uno de los argumentos más repetidos contra la medida: el miedo a que las personas migrantes «quiten el trabajo». «Eso no tiene sentido. Luchamos para que se les pague según convenio y según el reglamento laboral español. Van a cobrar lo mismo que cualquier trabajador, no van a quitar el trabajo a nadie. Lo único que van a hacer es pagar impuestos, cotizar a la Seguridad Social y tener derechos y obligaciones como cualquier otra persona». España, y Castilla-La Mancha también, se enfrenta a un envejecimiento acelerado de la población. La generación del baby boom comenzará a jubilarse de forma masiva en los próximos años, mientras la natalidad sigue en mínimos históricos, advierte. «Según los cálculos, España va a necesitar unas 200.000 personas extranjeras al año para compensar el déficit entre nacimientos y fallecimientos», explica Rejbi. «Si no hacemos nada, el sistema no se sostiene». Regularizar supone aflorar cotizantes, reducir la economía sumergida y reforzar un modelo productivo que ya depende, de facto, de población migrante. Pero más allá de los números, Rejbi insiste en el impacto humano de la irregularidad administrativa. «La gente que está aquí sin papeles no puede salir del país. No puede ir a ver a su familia, no puede regresar si hay una enfermedad o una desgracia. Eso es muy duro. A todo el mundo nos gusta visitar a nuestros seres queridos». En la oficina de CC.OO. atienden a diario a personas llegadas en patera desde el norte de África, a quienes entraron con visado de turista desde América Latina y se quedaron, o a solicitantes de protección internacional, como muchos venezolanos que huyen de la represión o personas procedentes de países en guerra. «Vienen para mejorar su vida o para preservar su dignidad. Regularizar es dar tranquilidad, derechos y evitar abusos». En la misma línea se expresa Braulio Carlés, responsable de Accem en Castilla-La Mancha, una organización que trabaja con personas refugiadas, migrantes y en situación de vulnerabilidad. «Lo único que sabemos es que hay una regularización, y eso ya es muy importante. Es muy necesaria, porque hay mucha población inmigrante irregular que está trabajando sin derechos. Es una pena que esos derechos no se puedan llevar a la práctica». Carlés subraya que documentar a estas personas beneficia al conjunto de la sociedad. «Si pueden ser dadas de alta, van a contribuir a la Seguridad Social, y todos salimos beneficiados. Nos dicen que no vamos a cobrar las jubilaciones, pero si documentas a esta gente, vas a sostener el sistema». Accem está presente en todas las provincias de Castilla-La Mancha, con recursos en ciudades y municipios como Albacete, Hellín, Ciudad Real, Puertollano, Miguelturra, Talavera, Villafranca de los Caballeros, Azuqueca, Sigüenza o Molina de Aragón. En 2025, la organización atendió a más de 7.000 personas en la región, mayoritariamente hombres de entre 18 y 35 años procedentes de África y Sudamérica, especialmente Senegal, Mali, Venezuela y Colombia, además de refugiados afganos. Dispone de un millar de plazas de acogida en la región, prácticamente al completo, y su labor se centra en la integración, analizando las capacidades y recursos de cada persona para facilitar su inserción laboral y social. Sobre los menores no acompañados, Carlés defiende el modelo regional. «Es una realidad que preocupa a todos y que hay que abordar desde el diálogo. El modelo de Castilla-La Mancha es adecuado porque apuesta por hogares y programas de autonomía personal, no por naves». Actualmente, Accem cuenta con un hogar por provincia, tres en Albacete, y tutela a 60 menores en Guadalajara, tanto españoles como extranjeros. Al debate se ha sumado también el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, quien el pasado lunes mostró su respaldo explícito a la regularización extraordinaria, en coherencia con la postura de la Conferencia Episcopal Española. Cerro Chaves ha defendido que esta posición no es personal, sino doctrinal: «Es lo que siempre ha dicho la doctrina social de la Iglesia basándose en el Evangelio». El arzobispo ha destacado tres pilares: acogida, integración y dignidad como derecho humano fundamental, recordando que la Iglesia ha trabajado desde el inicio en esta ILP para complementar un Reglamento de Extranjería que, aunque positivo, deja fuera a colectivos especialmente vulnerables. La medida anunciada por el Ejecutivo se articulará mediante un Real Decreto y nace del impulso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas, tomada en consideración en el Congreso en abril de 2024 con una amplísima mayoría: 310 votos a favor y solo 33 en contra, los de Vox. Incluso el Partido Popular apoyó su tramitación. Esta regularización se dirige, por un lado, a personas solicitantes de protección internacional que presentaron su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y, por otro, a personas que acrediten al menos cinco meses de permanencia en España antes de esa fecha. No podrán acogerse quienes tengan antecedentes penales o supongan una amenaza para el orden público. La autorización será de residencia y trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector, con una vigencia inicial de un año, que permitirá posteriormente incorporarse a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería. En el caso de menores, la regularización protegerá la unidad familiar, con permisos de hasta cinco años. El plazo máximo de resolución será de tres meses, aunque con la mera admisión a trámite —que se resolverá en un máximo de 15 días— las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día. Se prevé que las solicitudes puedan comenzar a presentarse a principios de abril y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio de 2026. La regularización de estas personas no significa concederles la nacionalidad española, solo permitirles trabajar y residir en nuestro país de forma legal, pero sí es un primer paso. La nacionalidad se regula en el Código Civil y los permisos y derechos de los extranjeros en España en la ley de extranjería y su reglamento. Para que las personas migrantes regularizadas puedan solicitar la nacionalidad española, según el país de origen, deben haber residido entre dos y diez años de forma «legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición» en España. Además, tendrán que hacer dos exámenes en el Instituto Cervantes: uno sobre el idioma español y otro sobre conocimientos constitucionales y socioculturales. Este será el octavo procedimiento extraordinario que se lleve a cabo en España. La última fue aprobada en febrero del año pasado para 25.000 extranjeros afectados por la dana que asoló Valencia el 28 de octubre. Previamente, en España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes. La primera «regularización colectiva» de extranjeros en España surgió en 1986 con Felipe González al frente del Gobierno, que probó una medida similar entre 1991 y 1992. También lo hizo el PP de Aznar en 1996 y de nuevo en el año 2000 y 2001. El último proceso de regularización extraordinaria lo llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, en 2005, y en él obtuvieron la documentación más de medio millón de inmigrantes.
