La intervención armada en Venezuela y la captura del presidente Maduro, en violación manifiesta de su soberanía e integridad territorial entre otras normas, junto a su insistencia en hacerse con Groenlandia por las buenas o las malas (aunque luego haya reculado), prueban por parte de Trump un patrón de conducta gravemente contrario al Derecho Internacional, sobre el que se ha manifestado públicamente descalificándolo como ordenamiento jurídico al que deba atener la política exterior y de seguridad de su Administración, sometida sólo a su libre albedrío. Una conciencia, la suya, regida por un realismo político descarnado muy alejado de imperativos éticos y legales, traducido en la práctica en un designio neoimperialista expuesto sin ambages en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en el pasado mes de noviembre. Ello explica la conducta seguida por su Administración frente a las guerras de Ucrania y Gaza y sus transacciones con Putin y Netanyahu. Los bombardeos ilegales contra Irán. Los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y las ejecuciones extrajudiciales de sus tripulantes, que incumplen las condiciones exigidas en materia de visita y apresamiento en alta mar de buques de otras banderas por sospechas de narcotráfico. La imposición arbitraria de aranceles, violentando reglas bien establecidas del derecho del comercio internacional. El ninguneo (caso de la OMC) o la retirada de organizaciones internacionales (caso de la OMS) y de numerosos organismos de las Naciones Unidas (organización contra la que arremete, como contra la Unión Europea, siempre que puede), en prueba de su impugnación radical del multilateralismo. La injerencia descarada en los asuntos internos de otros Estados, contraria al Derecho Internacional, caso del nombramiento provocador de un 'enviado especial' para Groenlandia, de su apuesta amenazadora por el candidato finalmente ganador en la elección para presidente de Honduras, y de su apoyo público a ciertas fuerzas políticas europeas calificadas de 'patrióticas'. También su estrecha alianza con regímenes despóticos, como el de Arabia Saudí. Esta relación de precedentes, no exhaustiva, pone en aprietos como es obvio la reputación del Derecho Internacional para garantizar la paz y seguridad en el sistema internacional frente a la conducta muy disruptiva del actual inquilino de la Casa Blanca. Este ordenamiento ha sufrido por ello en los medios de comunicación una lamentable e injusta desconsideración. Pero importa subrayar que el desprecio de Trump por el Derecho Internacional se extiende no por casualidad al ordenamiento interno norteamericano. Es una relación o conexión inescindible que merece la pena esclarecer. Es sabido que la deriva populista y autoritaria de Trump en su segundo mandato presidencial tuvo un acto fundacional, su negativa a reconocer la derrota sufrida frente a Biden en la elección presidencial de 2020 y las numerosas causas hoy abiertas contra él por presuntos intentos de fraude electoral para revertir el resultado. Sin olvidar su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Desde entonces, se ha incrementado su impugnación de las reglas de juego de la democracia norteamericana y de su ordenamiento, incluida su condena por el desvío fraudulento de fondos de esa campaña electoral para silenciar un escándalo sexual. Las transgresiones de Trump son relevantes. Sin ánimo exhaustivo, hay dudas muy fundadas sobre la legalidad interna de la intervención armada en Venezuela, realizada sin autorización del Congreso; la Casa Blanca argumentó que se trató en rigor de una operación policial de la DEA contra un presunto narcotraficante, en busca y captura por la Justicia norteamericana. Repárese también en el menoscabo que sufre el poder legislativo del Capitolio a causa del recurso continuo por parte de Trump a las órdenes ejecutivas. Tampoco ayuda el indulto a los condenados por el asalto al Capitolio nada más tomar posesión. La guerra sin cuartel, sin reglas, contra la inmigración irregular y los desgraciados sucesos que la jalonan. El despliegue injustificado de la Guardia Nacional en varias ciudades de la Unión. Las amenazas y campañas de amedrentamiento contra grandes bufetes y medios de comunicación, amén de abogados y periodistas a título individual. O el desvergonzado acoso mediático y ahora judicial al que se somete a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, por no seguir sus demandas sobre política monetaria. Ahora bien, la Reserva Federal es una institución clave en la estructura del sistema monetario internacional, de manera que no es fácil establecer dónde comienza y acaba la naturaleza y condición interna o internacional de este intento evidente de intromisión en la independencia de esa institución. En definitiva, en lógica correspondencia con la conducta seguida frente al Derecho Internacional, Trump y su Administración también vienen incumpliendo sistemáticamente las disposiciones de su ordenamiento interno; es decir, desprecian el imperio de la ley en el foro interno tanto como lo hacen en el internacional. Porque en un Estado de derecho no caben distinciones, no existen compartimentos estancos en la defensa del Derecho, de un orden fundado en prescripciones jurídicas, en el acatamiento por cualquier gobierno de uno y otro ordenamiento, entendidos como un todo. Nos lo recuerda un viejo aforismo del Derecho anglosajón, invocado tradicionalmente por los tribunales estadounidenses: «International law is the law of the land». Es decir, el Derecho Internacional forma parte del ordenamiento interno norteamericano; en particular, el Derecho Internacional consuetudinario (precisamente las normas que Trump viene violando con entusiasmo) es Derecho interno sin necesidad de ningún acto de validación legislativa. Por tanto, la Administración Trump es un exponente perfecto del vínculo entre las violaciones del Derecho Internacional y del Derecho interno, efectuadas por un Gobierno cuyo lema es la ausencia del debido respeto por uno y otro ordenamiento. En resumen, la inquietud que genera y el riesgo que encierra la conducta de la Administración Trump para la estabilidad de su propio sistema democrático son causa y consecuencia de su desprecio por el Derecho Internacional. De ahí que aboguemos por su fortalecimiento como la forma más inteligente de defender también la efectividad y eficacia de los ordenamientos internos, que junto con el Derecho Internacional conforman el armazón de vigas maestras que sustenta todo el sistema internacional. Para terminar, Maduro era un presidente ilegítimo y el régimen chavista, de corte autocrático, se ha distinguido por la grave violación de los derechos y libertades de sus nacionales, crímenes investigados por la Corte Penal Internacional, provocando el éxodo masivo de su población. A ningún demócrata le duele la cancelación política de Maduro. Pero a la vista de todo lo expuesto, ello no obliga necesariamente a compartir la aprobación de la intervención militar estadounidense de la que tanto se vanagloria Trump. Que además no ha buscado la instauración de la democracia, sino la colaboración de un régimen chavista algo domesticado para controlar por delegación la producción y comercio del petróleo venezolano, descartando a otros actores de la escena como Rusia o China.
