La política del chantaje

La decisión del Gobierno de dividir el decreto ómnibus con el que pretendía aprobar simultáneamente la revalorización de las pensiones y el llamado escudo social no es un ejercicio de flexibilidad ni de diálogo, sino la constatación de un fracaso político. Tras dos fines de semana de mítines por Aragón en los que Pedro Sánchez ha insistido en responsabilizar al Partido Popular de una supuesta conjura contra los pensionistas, el Ejecutivo ha tenido que aceptar lo evidente: su maniobra no tenía recorrido ni respaldo suficiente. Sólo los muy cafeteros le han creído a un presidente del Gobierno que llegó a grabar un mensaje en redes sociales culpando al PP mucho antes de que se produjera la votación, según delataba su reloj de muñeca. La revalorización de las pensiones es una medida ampliamente compartida en el arco parlamentario. Por eso, forzarla a convivir en un mismo texto con un conjunto heterogéneo de disposiciones –desde las medidas antidesahucio hasta otras 19 políticas– solo podía interpretarse como un intento de usar a los pensionistas como rehenes para intentar crear la impresión de que Sánchez gobierna. El resultado ha sido el contrario al buscado: la norma fue rechazada y el aislamiento y la bunquerización del Ejecutivo en la Moncloa quedó en evidencia. Pero el troceamiento ha expuesto algo que va más allá de la imposibilidad del Gobierno de ser coherente: su enorme hipocresía y la de sus socios. Durante años, la coalición de izquierdas ha evitado debatir sobre la naturaleza del llamado 'escudo social'. Las medidas antidesahucio nacieron en 2020, en un contexto excepcional de pandemia y paralización económica. Se justificaron entonces como una respuesta de emergencia. Seis años después, su prórroga automática, sin una reflexión estructural ni una alternativa pública de vivienda suficiente, resulta difícil de defender. Más aún cuando el coste real de esa política ha recaído, de forma directa, sobre propietarios privados obligados a asumir impagos prolongados por decisión administrativa. No es casual que esta cuestión haya generado resistencias en partidos como el PNV o Junts, que, desde tradiciones políticas distintas, coinciden en el respeto teórico a la propiedad privada. El acuerdo alcanzado ahora con el PNV –definido como un 'escudo social' frente al 'escudo social', ya que permite desahuciar al inquilino aunque sea vulnerable cuando el arrendador sólo es dueño de su vivienda habitual y de la alquilada– es un parche negociado bajo presión, aceptado a regañadientes por la izquierda de Sumar, celebrado como un mal menor por los nacionalistas vascos y rechazado como «criminal» por Podemos y como «insuficiente» por Junts. Lo sucedido retrata con claridad el momento político. Sánchez afronta la segunda mitad de la legislatura sin haber presentado un solo proyecto de Presupuestos y sin votos en el Parlamento. La mayoría de su investidura sólo comparece cuando sus aliados logran rapiñar del Estado. La estrategia de gobernar a base de fintas políticas no permite desarrollar un proyecto coherente. El troceamiento del decreto garantiza, previsiblemente, la subida de las pensiones. Pero no borra el intento previo de utilizar a los pensionistas como rehenes ni corrige el deterioro institucional acumulado. Es muy probable que la norma antidesahucio sólo sea aprobada por unos diputados de izquierda que tendrán que taparse la nariz para conservar sus poltronas. Gobernar exige algo más que resistir: exige responsabilidad, coherencia y respeto a las reglas. Sin ello, la legislatura seguirá deslizándose por la pendiente del bloqueo y la desconfianza.