La actual Ley de Administración Local de Galicia va camino de cumplir tres décadas en las que se han producido numerosos cambios legislativos, tecnológicos y sociales que repercuten en ese ámbito. Por eso la Xunta considera que el tiempo de ese texto legal ha terminado y ha presentado este lunes una nueva ley que, en palabras del presidente Alfonso Rueda, será «la más completa, actual y actualizada de todo el Estado». Se trata, según ha explicado el mandatario gallego, de modernizar el marco local, fomentar la cooperación entre administraciones, regular con más claridad las competencias municipales, establecer un régimen especial para los municipios que tienen que hacer frente al reto demográfico y, sobre todo, diseñar un nuevo modelo de financiación local que ofrezca unas garantías mínimas de financiación y que tenga en cuenta en su distribución criterios como la dispersión o el envejecimiento. «En coherencia», ha destacado Rueda, con lo que él mismo le reclama al Gobierno central para la reforma del sistema de financiación autonómica, frente al recorte que prevé el modelo pactado por Sánchez y Junqueras en ambos parámetros. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, que como responsable de Administración Local ha sido el encargado de desgranar a continuación los detalles del anteproyecto, ha insistido en el carácter «innovador» de esta «reforma integral» que «convertirá a Galicia en un referente estatal» y adaptará la normativa a «las necesidades reales que tienen los ayuntamientos. «Buscamos, ante todo, soluciones prácticas que ayuden al funcionamiento diario de las entidades locales y, sobre todo, que atiendan a los retos presentes y futuros que tienen por delante», ha expresado el conselleiro, que ha incidido en que «no existe ninguna otra norma autonómica en el Estado que incluya una regulación tan completa, actual y vanguardista como esta». Calvo ha querido manifestar, en primer lugar, la vocación de claridad competencial que presenta el anteproyecto. «No incrementa las competencias para nadie, sino que las clarifica, tanto las competencias de la Xunta como las competencias de las entidades locales«, ha concretado. En ese sentido, refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales. «La nueva ley concreta cuáles son las funciones de las Diputaciones Provinciales como garantes de la autonomía local, en especial, de asistencia a los ayuntamientos más pequeños o con mayores dificultades» y, ha continuado el responsable de Administración Local, esto «va a conllevar que dejen de existir municipios de primera, segunda o tercera categoría en función a la Diputación a la que pertenecen porque se produce una unificación de este servicio». El reto demográfico es otra de las cuestiones que aborda la propuesta de la Xunta. «Frente a la inacción del Gobierno central», ha criticado Calvo, «se establece un régimen especial con medidas tendientes a reforzar la capacidad de los ayuntamientos en situación de reto demográfico, articulando una serie de medidas de apoyo y colaboración tanto de carácter económico como de carácter organizativo». Una medida necesaria, a la vista la realidad demográfica gallega que ha retratado: el 90% de los municipios de Galicia tiene menos de 15.000 habitantes, ha recordado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte. Cada año se definirá, según las estadísticas del IGE, cuáles son los ayuntamientos que se encuentran en situación de reto demográfico. Por otro lado, la ley incorpora «diversas fórmulas innovadoras de cooperación y colaboración». Se actualizan las llamadas áreas funcionales de carácter temporal, que permiten que varios ayuntamientos se agrupen para prestar determinados servicios o para compartir personal. Además, se moderniza «por completo» el régimen de organización y funcionamiento de las entidades locales, con «un nuevo marco que introduce las principales tendencias y vanguardias normativas, con figuras adaptadas a la realidad actual, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, etc.», ha señalado el conselleiro. Aunque, sin duda, el apartado estrella de la propuesta es el de financiación, muy de actualidad en el caso de las comunidades, que la Xunta ha querido abordar a nivel local aunque, según ha matizado Calvo, «la capacidad en esta materia es limitada» porque no es una competencia autonómica sino estatal. Así que, ha avanzado, «esta regulación por si misma no soluciona todos los problemas de financiación local». Como ya se ha mencionado, el sistema propuesto por la Administración de Rueda tendrá especialmente en cuenta dos parámetros: la dispersión geográfica y el envejecimiento, pero también cuenta con «otras novedades para garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos». Entre ellas, el incremento de los fondos incondicionados. «Incrementamos la garantía de mínimos con respecto al actual sistema en más de 20 millones de euros», ha detallado el conselleiro, además de hacer que la participación de los municipios en los tributos autonómicos «crezca, como mínimo en el mismo porcentaje que evolucionan los ingresos de la comunidad autónoma». «Y el reparto de recursos va a ser más equitativo, puesto que se van a introducir variables nuevas» como la dispersión, el envejecimiento, el reto demográfico o el esfuerzo fiscal. Calvo ha aprovechado para reivindicar que «en el año 2026 el Gobierno gallego volvió a reforzar su apoyo a los ayuntamientos de Galicia con cifras históricas»: 670 millones de euros, casi 30 millones más que en 2025; y el Fondo de Cooperación Local se incrementa hasta los 187 millones de euros, 20 más. «Galicia es la única comunidad autónoma del Estado que aborda de manera integral en una única norma todas las dimensiones claves de la Administración Local contemporánea. Con esta ley, Galicia reafirma su papel como territorio pionero, marcando un camino hacia un modelo de Administración Local más innovador, más eficiente, más digital y más adaptado a las necesidades reales del siglo XXI», ha sintetizado para conlcluir el conselleiro. «Comienza la fase final para que Galicia disponga de una nueva ley de Administración Local», ha arrancado por su parte el presidente de la Xunta para anunciar el inicio del trámite de información pública del texto. Una fase que ha comparado con el «pistoletazo de salida» en la elaboración de un anteproyecto que desde el Ejecutivo autonómico confían en que quede aprobado en Consello en junio y que comience entonces su tramitación parlamentaria en el Pazo do Hórreo.
