El 9 de julio de 2025, pocos días después de la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, acusado de liderar supuestamente una presunta organización criminal dedicada al amaño de obras públicas , el presidente del Gobierno anunció un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Era su medida estrella para correr un tupido velo al escándalo que hizo temblar los cimientos del PSOE. El plan, con 15 medidas concretas , fue aprobado en el Consejo de Ministros unas semanas más tarde, el 26 de agosto de 2025. Durante esa misma reunión se aprobó también la creación de una Comisión Interministerial para su puesta en marcha y seguimiento que dependía del Ministerio de Hacienda que dirige la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del Partido Socialista, María Jesús Montero. Desde entonces los avances han sido prácticamente nulos en cuestiones como la reforma de la Ley de financiación de los partidos, en plena investigación judicial sobre los pagos en efectivo del PSOE que sigue su curso en la Audiencia Nacional, la creación de una agencia independiente de vigilancia, la ampliación de la protección a los denunciantes o la creación de «listas negras» de empresas corruptoras. En su última rendición de cuentas, que Sánchez celebra dos veces al año en el Palacio de La Moncloa con un tono triunfalista sobre sus supuestos logros, el presidente afirmó que «estamos cumpliendo en un tiempo récord, logrando haber puesto en en marcha 13 de las 15 medidas que se incluyen». Lo cierto es que parte de esas medidas ya se venían implementando con anterioridad, no siendo un nuevo compromiso cumplido por el Ejecutivo. Con este nuevo plan, según se describía en la nota de prensa con la que lo oficializaron, el Gobierno pretende « prevenir riesgos y fortalecer de los controles frente a la corrupción para reducir su incidencia», así como «investigar, juzgar y sancionar la corrupción» o «garantizar la protección efectiva de las personas que informan sobre irregularidades y/o casos de corrupción», además de avanzar en la «recuperación de activos procedentes de actividades corruptas como elemento esencial para reparar el perjuicio causado al interés público». En su declaración de intenciones Sánchez también aseveró que la voluntad del Gobierno que preside es « promover una cultura anticorrupción y de integridad entre la ciudadanía, las empresas y las administraciones», en un momento muy complicado para su administración y su partido, ambos bajo la sospecha de haber actuado al margen de la legalidad en ciertas ocasiones. El Ejecutivo incluye también en la activación de esta estrategia para combatir las corruptelas el Anteproyecto de Ley de Orgánica de Implementación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, anunciado el 4 de julio y en consulta pública, sin demasiados avances, desde el 10 de septiembre. En este caso se trata de una modificación de leyes para que se pueda ejecutar con precisión el plan promovido por Sánchez, con una ambición legislativa que debido a los retrasos que está sufriendo podría quedarse en un cajón si hay un avance electoral antes de verano de 2027, cuando teóricamente tocarían elecciones generales. Según esa misma nota de prensa difundida por Moncloa en su momento, «el desarrollo de todas las medidas se seguirá desde el nuevo organismo que centralizará los esfuerzos en la prevención y la lucha contra la corrupción: la Agencia Independiente de Integridad Pública ». Un organismo que debería ejercer «funciones de coordinación, impulso y supervisión del plan» que todavía no se ha puesto en marcha. Se trata de una competencia que corresponde a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en las próximas semanas abandonará sus responsabilidades para pugnar por la presidencia de la Junta de Andalucía. Cabe tener en cuenta que el propio Ejecutivo se comprometió a «dar cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses de la activación del plan». Seis meses después de su aprobación, con varias medidas todavía por implementar, el Gobierno no ha informado más allá de la evolución del mismo , más allá de las palabras del presidente en su balance del curso anual, afirmando con datos sesgados un supuesto cumplimiento que no es tal. Moncloa también cogió el compromiso, a partir del segundo año, de realizar evaluaciones periódicas para monitorizar el impacto de las medidas. Sánchez lanzó el anuncio del Plan contra la Corrupción como una cortina de humo para visualizar contundencia contra las prácticas ilegales que durante esos días se conocían en su partido. Aunque el PSOE ya había sufrido un duro golpe con el informe sobre José Luis Ábalos, hecho que le provocó una apertura de expediente y la posterior expulsión de todo un secretario de Organización, las evidencias en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán fue la gota que colmó el vaso. Aparentemente afectado, afirmando que nunca sospechó nada respecto del comportamiento de su mano derecha, al que reconfirmó en el cargo cuando ya se estaban publicando informaciones que le señalaban directamente, Sánchez compareció la misma tarde que se dio a conocer el extenso documento que incluía llamadas y mensajes entre Cerdán y los miembros de la trama . Unas comunicaciones que, sin lugar a duda para los investigadores, lo situaban al frente de una presunta organización criminal que empezó a delinquir a las pocas semanas de llegar el PSOE al Gobierno. Sin embargo ese intento de levantar un muro entre el partido y los que, según el presidente, se aprovecharon de su responsabilidad política para presuntamente enriquecerse personalmente, se desmoronó hace unos días cuando ABC reveló que el PSOE ha reafiliado a una exalcaldesa de un municipio de Cantabria condenada hace menos de un año por corrupción. La edil, que reconoció los hechos, cogió un talonario de cheques del ayuntamiento que presidía desde unos meses antes, falsificó la firma de un funcionario público, y acudió a las oficinas bancarias a cobrar dichos cheques al portador. Un hecho que choca de bruces con el discurso público que ha mantenido Ferraz durante estos meses, tratando de cercar en unos pocos los que actuaron al margen de la legalidad.
