El Ministerio de Justicia ha comenzado los trámites ante una primera petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos de inhabilitación para el cargo por el delito de revelación de secretos , del que le consideró culpable el Tribunal Supremo, a quien el Gobierno ha emplazado a que informe sobre esa solicitud al ser el órgano que dictó la sentencia. Se trata de una petición de indulto que han realizado dos particulares y que Justicia, una vez recibida, ha trasladado al Supremo para que muestre su parecer, según ha avanzado 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno. La solicitud de indultos por particulare s puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. Las peticiones deben ser sometidas a informe del tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, la que juzgó a García Ortiz, debiendo ser oída también la Fiscalía y la parte agraviada. En caso de prosperar, la concesión del indulto compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, que es quien tiene la última palabra, y debe acordarse por real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. García Ortiz fue condenado el pasado diciembre a una pena de inhabilitación de dos años , multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros por daños morales. El Supremo le condenó por revelación de secretos contra Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, atribuyéndole la filtración a medios de comunicación del 'email' donde el empresario se ofrecía a confesar y la posterior publicación de una nota de prensa que lo mencionaba. Según la Sala de lo Penal, fue García Ortiz o «una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento» quien filtró la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el correo electrónico enviado el 2 de febrero de ese año por el abogado de González Amador a Fiscalía para ofrecer que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de eludir la cárcel. La sentencia fue respaldada por cinco de los siete magistrados del tribunal que le juzgó , si bien recibió dos votos particulares de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, quienes trasladaron su «discrepancia absoluta» con la condena al considerar que solo había meras sospechas y que, por tanto, García Ortiz debió ser absuelto. García Ortiz presentó un incidente de nulidad , que está pendiente de resolución, contra la sentencia, en el que defiende su inocencia y la «credibilidad» de la Fiscalía frente a «ataques».
