La aprobación por el Consejo de Ministros de una regularización extraordinaria que alcanzará a más de 500.000 inmigrantes marca un hito en la política migratoria española. No sólo por el fondo del debate –legítimo y necesario en una sociedad abierta–, también por la forma elegida. El Gobierno ha optado por un real decreto que no será sometido a convalidación parlamentaria, pese a la magnitud de la medida y a sus evidentes consecuencias sociales, económicas e institucionales. Resulta inaceptable que una decisión de este alcance se adopte mediante un instrumento excepcional concebido para situaciones catastróficas. El real decreto, utilizado aquí para esquivar deliberadamente el control de las Cortes, es un procedimiento impropio de una democracia consolidada y más cercano a prácticas de regímenes autoritarios que a las de un Estado de derecho plenamente funcional. El Ejecutivo admite que la medida ha sido pactada con Podemos, pero rehúye llevarla al Congreso porque sabe que no tendría el apoyo de Junts, cada vez más presionado por la competencia de Aliança Catalana. Esta confesión implícita revela una preocupante degradación del principio de deliberación parlamentaria y un factor de erosión democrática que ya tiene un precedente con la no presentación de la Ley de Presupuestos. La ausencia de tramitación legislativa no es un problema meramente formal, sino una cuestión de fondo. Regularizar a un colectivo tan numeroso sin debate parlamentario ni memoria económica supone actuar a ciegas respecto a su impacto sobre el gasto público. Sanidad, educación, vivienda, servicios sociales y políticas activas de integración soportarán una presión adicional sin que exista una planificación clara ni una asignación explícita de recursos. Comunidades autónomas y ayuntamientos, ya sometidos a fuertes tensiones presupuestarias, se verán obligados a absorber esta carga. Integrar no es solo conceder papeles. Exige políticas activas sostenidas en el tiempo, coordinación institucional, acceso al mercado laboral en condiciones de legalidad y un esfuerzo real en convivencia y cohesión social. Prescindir de este análisis previo es una irresponsabilidad política que compromete la sostenibilidad del sistema y debilita la credibilidad de cualquier enfoque serio sobre inmigración. Más allá del discurso humanitario, la decisión tiene un objetivo político evidente: Pedro Sánchez busca confrontar con quienes, dentro y fuera de España, están endureciendo su discurso migratorio: desde quienes criminalizan el fenómeno, como Donald Trump en Estados Unidos, hasta gobiernos socialdemócratas europeos que han optado por un control más estricto de los flujos. Al singularizarse deliberadamente en la Unión Europea, el Ejecutivo asume el riesgo de aislar a España en un debate cada vez más sensible y polarizado. En el plano interno, la medida contribuye además a radicalizar el escenario político. Lejos de desactivar el conflicto, ofrece oxígeno a Vox, principal partido antiinmigración, en un momento electoral especialmente delicado, como las elecciones autonómicas en Aragón. España necesita una política migratoria seria, ordenada, humana y compatible con la legalidad y con su capacidad real de integración. Eso exige leyes debatidas en el Parlamento, consensos amplios y una planificación responsable. Regularizar por decreto, sin control democrático ni evaluación de impacto, no es un gesto de progreso. El Gobierno debería rectificar el procedimiento y someter esta cuestión al debate democrático que merece. Solo así podrá conjugarse dignidad, legalidad y cohesión social sin erosionar las instituciones que las garantizan.
